Uno de los pilares fundamentales del contrato social es el Estado de Derecho, que se concibe como el asegurador de las garantías individuales y colectivas de las y los ciudadanos que habitan un territorio.
En Morelos, el respeto al Estado de derecho hizo acto de presencia sólo en el discurso oficial. De acuerdo con el reporte “Índice de Estado de Derecho en México 2018”, preparado por el World Justice Project, nuestra entidad ocupa el lugar 26 de los 32 estados de la República en la sujeción de todas las personas al cumplimiento de la ley, aplicada de forma equitativa, justa y eficiente, y con respeto a los derechos humanos. Asimismo, es importante resaltar que al término del sexenio anterior, Morelos obtuvo apenas un lamentable 37 por ciento en materia de respeto al Estado de Derecho.
Por décadas, las personas que vivimos en Morelos —y a lo largo del país— hemos sido testigos de las deficiencias en nuestro sistema de justicia. El rosario de quejas es largo: que la justicia es tardada, cara y, solo en casos aislados se llega a un efectivo resarcimiento del daño.
Ante tal escenario, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, signaron una iniciativa de ley para reformar el funcionamiento del Poder Judicial Federal. Esta propuesta, que será enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, tiene como objeto impulsar una reforma integral de largo alcance que fortalezca el tejido social en la transformación democrática de nuestra sociedad, en beneficio de esta generación y de las venideras, y que se cristaliza como una respuesta a una urgencia inmediata de las y los mexicanos: Un mejor sistema de justicia.
Esta nueva iniciativa propone modificar siete artículos de la Constitución y expedir un par de nuevas leyes federales: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial; así como reformas a cinco ordenamientos legales: Ley de Amparo, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución; Ley Federal de Defensoría Pública; Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
Dentro de las múltiples novedades que destacan en esta nueva reforma encontramos: la creación de una nueva escuela de jueces, la implementación de evaluaciones obligatorias, el fortalecimiento a los defensores de oficio, la implementación de medidas contra la corrupción, nepotismo y acoso sexual; así como la instauración y aseguramiento de las mismas oportunidades para hombres y mujeres.
Lo anterior obedece a la enorme dificultad de disminuir la impunidad si carecemos de funcionarios de calidad para vigilar y hacer respetar nuestras leyes, por lo que este cambio de estructura en la formación y preparación de nuestros funcionarios públicos en el Poder Judicial —a través de un servicio profesional de carrera— ayudará a que el país tenga hombres y mujeres con honestidad, capacidad y compromiso para impartir justicia.
En cuanto a la parte procedimental, nos encontramos que esta nueva reforma plantea un cambio al sistema de jurisprudencia. Se busca eliminar la obligación de que la Corte dicte cinco sentencias similares para fijar una jurisprudencia o un criterio obligatorio para todos los tribunales del país y, por el contrario, se avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
En el mismo sentido, se tiene la pretensión de aligerar la carga de trabajo para la Suprema Corte, restringiendo la competencia de este Alto Tribunal solo a casos de controversias que entrañen violaciones directas a la Constitución. Por último, pero no menos importante, se plantea la creación de nuevos tribunales de apelación que contarían con 3 magistrados en sustitución de los unitarios.
El mundo que tenemos ante nosotros está transformando a pasos agigantados la manera en que los ciudadanos se comportan. Hoy, las crecientes demandas en contra de la corrupción, la impunidad y la injusticia son producto de un mayor acceso a la información (antes privilegiada), el involucramiento activo de la sociedad civil y un nuevo direccionamiento en la política de nuestro país.
Por ello, como integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, seguiré analizando, trabajando y proponiendo las mejores adecuaciones a esta nueva reforma, reiterando mi firme compromiso de seguir construyendo un sistema de justicia que una, inspire y transforme a nuestro estado de Morelos y a México.
