/ viernes 10 de enero de 2020

El negocio del bloqueo

Durante décadas, líderes agrarios se han enriquecido a costa de los campesinos que siguen pobres, marginados, expuestos a la buena voluntad de los gobiernos que, a su vez, han aprovechado esta condición para el sometimiento político de los hombres del campo. En esta lógica se sustenta gran parte del poder político en México desde la formación del Partido Revolucionario Institucional, y el esquema sobrevivió a su derrota electoral que inauguró el nuevo siglo de la política nacional.

Grandes negocios se tejen a nombre de los campesinos y son sus dirigentes quienes gozan de los dividendos, siempre enormes de los apoyos gubernamentales que, se dice, beneficiarán a los trabajadores del campo. A lo mejor por eso la idea del gobierno federal de extinguir a los intermediarios de apoyos sociales (a menudo esos líderes rurales), es rescatable, aunque en los hechos parece imposible dada la cultura de los campesinos a quienes se convence fácilmente de que el gobierno y los empresarios son sus enemigos y que sólo nombrando representantes y empoderándolos por la vía del dinero, es posible subsistir.

Los campesinos son usados por comisariados ejidales, dirigentes agrarios, diputados “del sector agropecuario”, o cualquier persona que pueda colocarse entre ellos y el gobierno para gestionar y luego ordeñar los beneficios. Así, muchos conflictos aparentemente campesinos, resultan espléndidos negocios para quienes los abanderan y no solucionan nada a los ejidatarios. Tal parece ser el caso del que el ejido de Jojutla mantiene en contra de la autopista Siglo XXI.

La petición de una concesión de gasolinería que extrañamente demandan los ejidatarios, como parte del pago de una indemnización que ya les fue entregada desde el 2006, es una de las demandas que llama la atención. La concesión estaría a nombre de una sociedad, informa gente cercana a las negociaciones, que operaría el líder ejidatario Ciro Olguín, en la que participaría como socio al 30% el ex dirigente cañero Aristeo Rodríguez Barrera, también ex diputado. De acuerdo con ejidatarios que se han separado de los bloqueos en la Siglo XXI, es el mismo esquema que tienen para el usufructo del basurero de Jojutla, también en tierras ejidales y que provocó un conflicto apenas en septiembre pasado, luego de 23 meses de no saber qué pasaba con los pagos del ayuntamiento por el usufructo del predio.

Los dirigentes aseguran a los ejidatarios que aún los apoyan, narra una fuente, que conseguirán que SCT pague 400 pesos por metro cuadrado por el uso de los 9 mil 77 metros que ya fueron pagados por el gobierno del estado en el 2006. La SCT, sin embargo, no ha recibido siquiera la solicitud y en cambio ha advertido que no hay forma de pagar nuevamente a los ejidatarios por tierras que ya les fueron pagadas. Más allá, la cantidad que piden no es lo que ofrecen como pago a los ejidatarios (los 400 pesos por 9 mil 77 metros suman 3 millones 630 mil 800), ¿dónde quedarían los 3 millones 369 mil 200 pesos de diferencia entre lo que piden y ofrecen a los campesinos? Por lo menos hace ver sospechosos al movimiento y sus líderes.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Durante décadas, líderes agrarios se han enriquecido a costa de los campesinos que siguen pobres, marginados, expuestos a la buena voluntad de los gobiernos que, a su vez, han aprovechado esta condición para el sometimiento político de los hombres del campo. En esta lógica se sustenta gran parte del poder político en México desde la formación del Partido Revolucionario Institucional, y el esquema sobrevivió a su derrota electoral que inauguró el nuevo siglo de la política nacional.

Grandes negocios se tejen a nombre de los campesinos y son sus dirigentes quienes gozan de los dividendos, siempre enormes de los apoyos gubernamentales que, se dice, beneficiarán a los trabajadores del campo. A lo mejor por eso la idea del gobierno federal de extinguir a los intermediarios de apoyos sociales (a menudo esos líderes rurales), es rescatable, aunque en los hechos parece imposible dada la cultura de los campesinos a quienes se convence fácilmente de que el gobierno y los empresarios son sus enemigos y que sólo nombrando representantes y empoderándolos por la vía del dinero, es posible subsistir.

Los campesinos son usados por comisariados ejidales, dirigentes agrarios, diputados “del sector agropecuario”, o cualquier persona que pueda colocarse entre ellos y el gobierno para gestionar y luego ordeñar los beneficios. Así, muchos conflictos aparentemente campesinos, resultan espléndidos negocios para quienes los abanderan y no solucionan nada a los ejidatarios. Tal parece ser el caso del que el ejido de Jojutla mantiene en contra de la autopista Siglo XXI.

La petición de una concesión de gasolinería que extrañamente demandan los ejidatarios, como parte del pago de una indemnización que ya les fue entregada desde el 2006, es una de las demandas que llama la atención. La concesión estaría a nombre de una sociedad, informa gente cercana a las negociaciones, que operaría el líder ejidatario Ciro Olguín, en la que participaría como socio al 30% el ex dirigente cañero Aristeo Rodríguez Barrera, también ex diputado. De acuerdo con ejidatarios que se han separado de los bloqueos en la Siglo XXI, es el mismo esquema que tienen para el usufructo del basurero de Jojutla, también en tierras ejidales y que provocó un conflicto apenas en septiembre pasado, luego de 23 meses de no saber qué pasaba con los pagos del ayuntamiento por el usufructo del predio.

Los dirigentes aseguran a los ejidatarios que aún los apoyan, narra una fuente, que conseguirán que SCT pague 400 pesos por metro cuadrado por el uso de los 9 mil 77 metros que ya fueron pagados por el gobierno del estado en el 2006. La SCT, sin embargo, no ha recibido siquiera la solicitud y en cambio ha advertido que no hay forma de pagar nuevamente a los ejidatarios por tierras que ya les fueron pagadas. Más allá, la cantidad que piden no es lo que ofrecen como pago a los ejidatarios (los 400 pesos por 9 mil 77 metros suman 3 millones 630 mil 800), ¿dónde quedarían los 3 millones 369 mil 200 pesos de diferencia entre lo que piden y ofrecen a los campesinos? Por lo menos hace ver sospechosos al movimiento y sus líderes.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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