Familias de Personas Privadas de la Libertad (PPL) se manifestaron a las afueras del Centro de Reinserción Social de La Pila por los supuestos traslados irregulares que está realizando la institución.
De acuerdo con declaraciones de los manifestantes, Roberto Hernández Rangel, director del Centro Estatal Penitenciario de La Pila, ha cometido diversos agravios contra las personas en situación de encarcelamiento en este establecimiento. Pues se le acusa de violaciones continuas a los derechos humanos de los reclusos, sin que se tomen medidas a su favor.
Los hechos se desencadenaron tras un incendio reportado en la madrugada de hoy dentro del CEPERESO. Las familias afectadas alegaron que presuntamente 10 internos perdieron la vida por heridas ocasionadas por un supuesto enfrentamiento, el cual se originó debido a traslados injustificados a otras prisiones dentro del estado.
Las personas afectadas, quienes solicitaron que se resguarden sus datos personales, denunciaron que el proceso de traslado no se llevó a cabo siguiendo los protocolos ni los marcos jurídicos establecidos.
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Además, como familias afectadas, no se les informó bajo qué mandamiento judicial se realizarían los traslados, los cuales debieron haberse proporcionado detalles como el motivo, lugar del traslado, el número de personas a trasladar, la cantidad de elementos de seguridad involucrados, el personal masculino que sería trasladado y las condiciones hacia el centro de reinserción social al que serían enviados.
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En medio de esta situación, también se exigió que las condiciones para las personas privadas de la libertad sean más dignas. Pues según los familiares, actualmente viven en condiciones infrahumanas, en hacinamiento y sin acceso a alimentos adecuados.
También uno de los denunciantes, expresó su preocupación por la situación y la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los reclusos en el centro penitenciario.
Esta manifestación pone de relieve la importancia de garantizar los derechos humanos y la transparencia en el sistema penitenciario, así como la necesidad de abordar las condiciones inadecuadas en las que viven las personas privadas de la libertad.
Por su parte, Jorge Vega Arroyo, subsecretario de gobernación, señaló que autoridades tomarán las medidas necesarias investigar y corregir cualquier irregularidad en los traslados y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de los reclusos.
Nota publicada en El Sol de San Luis
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