/ miércoles 30 de junio de 2021

Se desiste gobierno de acusaciones contra exfuncionarios

Asegura la Fiscalía Anticorrupción que el Ejecutivo no ha dado seguimiento a varias carpetas de investigación por no contar con pruebas o porque se consideró que no había delitos

La Consejería Jurídica del gobierno estatal se ha ido desistiendo de las carpetas de investigación, algunas por no tener pruebas contra ex funcionarios o porque tal vez consideraron que no había delitos, afirmó el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

En lo que corresponde a su ámbito subrayó que se ha judicializado el 80 por ciento de los expedientes, y el otro 20 por ciento o están en proceso o el ejecutivo ya no les dio seguimiento, por lo que es responsabilidad de esa instancia si ya no continua con la denuncia.

“En diferentes carpetas determinamos el no ejercicio de la acción penal, en virtud de que la Consejería Jurídica no aportó las imputaciones que estaban haciendo a diversos servidores públicos, y los jueces que han conocido de los recursos de queja presentados por el gobierno del estado, han determinado que se reaperturen varias carpetas, vamos hacerlo somos respetuosos de las determinaciones de los jueces y si la consejería jurídica ahora si presenta las pruebas que son necesarias para imputar a los servidores de la administración pasada así se hará”.

Aseguró que el papel de la fiscalía a su cargo es recibir la denuncia, y quienes acusan –en este caso el gobierno estatal- debe mostrar las pruebas. Además, destacó que la mayoría de las carpetas iniciadas están judicializadas y se han logrado las vinculaciones a proceso en todas ellas, y donde no ha existido se recurrió el caso y logrado existo y se han combatido las no vinculaciones a proceso, por parte de la fiscalía, en tanto actuará en contra de quien resulte responsable sin mirar de quién se trate.

Juan Salazar, además recordó ha recibido a la Consejería Jurídica y revisado “carpeta por carpeta, denuncia por denuncia” y “la consejería sabe que hemos actuado en todos aquellos casos en los que han presentado pruebas donde las denuncias si tienen sustento jurídico que son sólidas”.

Para evitar asumir su responsabilidad ante el lento avance de las denuncias, recordó incluso que la misma consejería estatal, luego de presentar recurso de queja ante los jueces y han retirado su recurso, probablemente porque analizaron o bien no había delito o en el peor de los casos no tenían las pruebas y sustento.

Entre los expedientes que dijo recordar están los relacionados a la Secretaría de Obras Públicas en las cuales no hubo pruebas suficientes y se decretó el ejercicio de la no acción penal; en el caso de las denuncias en contra del ex gobernador Graco Ramírez, advirtió no están desechadas todavía, aunque en algunas donde se le menciona ya fueron calificadas sin sustento sólo porque hacen referencia a él, pero sin señalar su responsabilidad total.

Queremos saber si hay protección: Samuel Sotelo

Ante estas expresiones, el consejero jurídico Samuel Sotelo calificó de ilógico el planteamiento del fiscal porque en realidad han visto solo un diez por ciento en las investigaciones presentados, además resulta absurdo que los denunciantes tengan que hacer el trabajo de la autoridad para investigar "lo que queremos saber es si hay protección", afirmó.


La Consejería Jurídica del gobierno estatal se ha ido desistiendo de las carpetas de investigación, algunas por no tener pruebas contra ex funcionarios o porque tal vez consideraron que no había delitos, afirmó el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

En lo que corresponde a su ámbito subrayó que se ha judicializado el 80 por ciento de los expedientes, y el otro 20 por ciento o están en proceso o el ejecutivo ya no les dio seguimiento, por lo que es responsabilidad de esa instancia si ya no continua con la denuncia.

“En diferentes carpetas determinamos el no ejercicio de la acción penal, en virtud de que la Consejería Jurídica no aportó las imputaciones que estaban haciendo a diversos servidores públicos, y los jueces que han conocido de los recursos de queja presentados por el gobierno del estado, han determinado que se reaperturen varias carpetas, vamos hacerlo somos respetuosos de las determinaciones de los jueces y si la consejería jurídica ahora si presenta las pruebas que son necesarias para imputar a los servidores de la administración pasada así se hará”.

Aseguró que el papel de la fiscalía a su cargo es recibir la denuncia, y quienes acusan –en este caso el gobierno estatal- debe mostrar las pruebas. Además, destacó que la mayoría de las carpetas iniciadas están judicializadas y se han logrado las vinculaciones a proceso en todas ellas, y donde no ha existido se recurrió el caso y logrado existo y se han combatido las no vinculaciones a proceso, por parte de la fiscalía, en tanto actuará en contra de quien resulte responsable sin mirar de quién se trate.

Juan Salazar, además recordó ha recibido a la Consejería Jurídica y revisado “carpeta por carpeta, denuncia por denuncia” y “la consejería sabe que hemos actuado en todos aquellos casos en los que han presentado pruebas donde las denuncias si tienen sustento jurídico que son sólidas”.

Para evitar asumir su responsabilidad ante el lento avance de las denuncias, recordó incluso que la misma consejería estatal, luego de presentar recurso de queja ante los jueces y han retirado su recurso, probablemente porque analizaron o bien no había delito o en el peor de los casos no tenían las pruebas y sustento.

Entre los expedientes que dijo recordar están los relacionados a la Secretaría de Obras Públicas en las cuales no hubo pruebas suficientes y se decretó el ejercicio de la no acción penal; en el caso de las denuncias en contra del ex gobernador Graco Ramírez, advirtió no están desechadas todavía, aunque en algunas donde se le menciona ya fueron calificadas sin sustento sólo porque hacen referencia a él, pero sin señalar su responsabilidad total.

Queremos saber si hay protección: Samuel Sotelo

Ante estas expresiones, el consejero jurídico Samuel Sotelo calificó de ilógico el planteamiento del fiscal porque en realidad han visto solo un diez por ciento en las investigaciones presentados, además resulta absurdo que los denunciantes tengan que hacer el trabajo de la autoridad para investigar "lo que queremos saber es si hay protección", afirmó.


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