Con índices de impunidad superiores al 98 por ciento, a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), igual que a su antecesora, la Procuraduría General, les han urgido resultados.
Desde 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha emitido 80 recomendaciones a la Fiscalía, algunas por actos recientes, otras por hechos del pasado; por lo menos tres de ellas evidencian la fabricación de delitos en contra de personas inocentes que, años después de acusados han logrado salir en libertad.
Lee también: Estamos concentrados en resultados no en estadísticas: Uriel Carmona
Diferentes son los ejemplos de fabricación de delitos por parte del organismo que se encarga de perseguirlos desde que estaba al frente Javier Pérez Durón.
Acusan a familia de homicidio
El 19 de agosto de 2017 agentes de la entonces Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía detuvieron a tres integrantes de una familia: Viridiana, quien se desempeñaba como auxiliar de Ministerio Público, su hermano José Luis, y el padre de ambos, Israel Peñaloza, en cumplimiento de una supuesta orden de aprehensión. Se les acusó de ser los responsables del asesinato de la trabajadora de un bar ubicado en la colonia Otilio Montaño, en Jiutepec, ocurrido en mayo de 2017.
“En las oficinas de la Fiscalía por más de seis horas fuimos torturados mi padre, mi hermano y yo para autoincriminarnos y aceptar algún crimen que nosotros no hicimos”, fueron palabras que externó Viridiana recientemente, al exigir que el órgano ofrezca una disculpa pública al quedar demostrado que ellos no fueron los responsables.
➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!
En su momento, la Fiscalía de Pérez Durón presumió que había quedado “resuelto” el crimen donde la mesera del lugar perdió la vida. Detalló que tres personas armadas ingresaron al establecimiento y abrieron fuego en el lugar, hiriendo de muerte a la mujer.
Viridiana señaló que una de las presuntas hipótesis de la Fiscalía era atribuirles que cometieron el crimen por una “venganza”, pues en el ataque registrado el 10 de agosto de ese año murió el hermano de la denunciante.
Aproximadamente un año después de ser encarcelados un tribunal de enjuiciamiento los absolvió, el 08 de agosto de 2018, y posteriormente un tribunal de alzada confirmó su inocencia y un juicio de amparo dejó firme su absolución.
Luego de obtener su libertad, los señalados interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) y posteriormente se emitió la recomendación CDHM/SE/V3/061/195/2017, en la cual ordenó a la Fiscalía comenzar con el procedimiento administrativo en contra de los policías ministeriales que les detuvieron, asimismo, como parte del plan individual de reparación integral, se solicitó al fiscal de de Morelos ofrecer una disculpa pública, la cual, al cierre de esta edición, no ocurrió.
Este es un ejemplo claro de la destrucción de una familia y su vida como la conocían al ser señalados como homicidas, además de robarles la tranquilidad y la posibilidad de acercarse a ellos en caso de ser víctimas de algún delito.
“Cuando recién salimos recibíamos amenazas, nos marcaban por teléfono, nos mandaban mensajes. Pero nosotros por temor, por todo lo que habíamos pasado, pues ya no queríamos acercarnos a la autoridad, porque sabíamos que la autoridad o, una, nos apoyaba o nos volvía a fabricar otros delitos”.
A mediados de febrero de 2018 arribó el relevo en la que aún era dependencia estatal; a propuesta del exgobernador Graco Ramírez, la 53 Legislatura del Congreso del Estado designó a Uriel Carmona Gándara, abogado, exagente del Ministerio Público, exjefe de Departamento del Control de Procesos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y titular con licencia de la Notaria número seis del estado de Morelos.
Carmona Gándara asumió el cargo de fiscal y de inmediato se hizo notar al requerir que la Fiscalía se constituyera como un organismo autónomo, y logró las reformas para ello.
A golpes piden a mujer reconocer un delito
“Me dijeron háganse a un lado. Llegaron como cuatro camionetas de ministeriales, dijeron que era de recuperación de robo de vehículo. Les dije: ‘sí, pues chécalo, no tiene ningún problema; en ese momento escucho que uno de ellos les dice que efectivamente no tiene reporte de robo, pero un comandante hizo una llamada y me dijo: ‘Ya valiste madres’”.
Es el testimonio de una mujer, quien decidió guardar su identidad por temor a represalias.
Ella junto con su acompañante fueron detenidos en la Avenida 10 de Abril, a la altura de Sumiya, en Cuernavaca, en marzo de 2022 por al menos ocho agentes de investigación criminal de la corporación, acusándolos de posesión de vehículo de procedencia ilícita.
La víctima narró que ella y un hombre fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la colonia Bellavista, al norte de la capital morelense; ahí, según relató, fue llevada a un cuarto donde fue golpeada por los elementos policiacos.
“Me trajeron a la Fiscalía y no me dijeron nada; me subieron a un cuarto y me estuvieron pegando”.
Dijo que los golpes iniciaron desde la patrulla, donde le quitaron su celular y la dejaron incomunicada.
“Me detuvieron, me subieron a la camioneta y me iban pegando. Iban revisando mi teléfono e hicieron que quitara mi huella y todo. Y pues yo quería hablar con un abogado porque yo escuché que dijeron que el carro no tenía reporte de robo y yo quería saber por qué me llevaban, pero no me dejaron hablar (por teléfono)”.
Luego de su denuncia, la mujer relató que se quedó 72 horas a disposición del Ministerio Público sin saber por qué delito había sido detenida; su cuarta noche la pasó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, y al quinto día fue presentada ante el juez en la audiencia, pero su detención fue calificada de ilegal, por lo que tuvo que ser puesta en libertad inmediatamente exhibiendo el mal trabajo de los policías a cargo del órgano que procura justicia en la entidad.
Tras vivir toda esta experiencia, la víctima interpuso su denuncia ante la propia Fiscalía, donde su caso, a un año de lo ocurrido, no ha tenido ningún avance y los agentes siguen sin ninguna sanción.
“Sus elementos no hacen bien su trabajo, porque no es correcto que a un ciudadano que no sea culpable de lo que ellos dicen lo traten así. No golpes, no torturas, quieren que tú digas cosas que no, nada más”, finalizó.
Más de dos décadas en prisión
El caso que cobró mayor notoriedad recientemente sobre la exposición de fabricación de delitos fue el María Luisa Villanueva, detenida en 1997 por agentes Antisecuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hoy Fiscalía.
El abogado de María Luisa, Eutiquio Damián Santiago manifestó que la mujer fue llevada a una casa donde fue torturada durante cuatro días para confesar haber participado en el delito de privación ilegal de la libertad antes de ser encarcelada.
Tras estos actos de los que fue víctima, fue condenada a 50 años de cárcel, y el pasado mes de enero, luego de cumplir 25 años, fue liberada del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, luego de acceder al beneficio de preliberación. Sin embargo, María Luisa no quería salir hasta demostrar su inocencia, por lo que literalmente fue cargada por los custodios hasta la salida del penal.
Caso Ariadna Fernanda
Fue la tarde del 31 de octubre de 2022, cuando un par de ciclistas reportaron que a un costado de la autopista La Pera – Cuautla se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer joven, presuntamente con golpes.
Al ser encontrado en Morelos, las diligencias, el levantamiento y la necropsia las realizó la Fiscalía de Morelos.
Un día después, por información difundida en redes sociales, la joven sería identificada como Ariadna Fernanda, reportada como desaparecida en la Ciudad de México.
Te interesa: El Estado invisibiliza violencia contra mujeres: Paola Cruz
Días después, en conferencia de prensa, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dio a conocer que la causa de muerte, de acuerdo con la necropsia, fue producto de una broncoaspiración causada por una severa intoxicación alcohólica.
Sin embargo, posteriormente los familiares solicitaron una segunda autopsia, pero por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, y tras el procedimiento, Ernestina Godoy Cruz, titular del órgano capitalino, informó que el deceso fue producto de un golpe.
Una de las amigas de Ariadna identificada como Vanessa “N” fue detenida como presunta participante en el feminicidio, y horas más tarde su novio, Rautel “N”, se entregó en Nuevo León a las autoridades, para posteriormente ser trasladado a la capital del país para ser encarcelado.
La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos de buscar encubrir un feminicidio.
A través de redes sociales, Sara Martínez, amiga de Ariadna, contó cómo fue el trato en la Fiscalía de Morelos y cómo las autoridades los señalaron a ellos como los principales sospechosos de la muerte, e incluso a dos de ellos les habrían amenazado con detenerlos, de acuerdo en el relato.
“Le dimos aviso a las autoridades de Morelos, pero en ningún momento nos imaginamos que iban a tratar de ocultar el feminicidio de mi amiga”, contó.
La joven narró cómo fueron intimidadas por los agentes quienes, dijo, también pareciera que buscaban incriminarles.
“A Ale (otra de las amigas de Ariadna) la trataron de inculpar y hasta dijeron que ya traían las esposas”, mencionó.
Atentan contra los derechos humanos: Hernández Cruz
Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), señaló que esta situación impera de manera constante en el sistema de justicia mexicano, y Morelos no es la excepción.
“Deriva de prácticas que propician momentos en que las autoridades pretenden obtener declaraciones forzadas o confesiones a través del uso de la tortura”, manifestó el ombudsperson en entrevista con El Sol de Cuernavaca.
Añadió que esta práctica en la que incurren las autoridades encargadas de brindar seguridad se da desde la detención, pues en diferentes casos son llevados a lugares, previo a ser puestos a disposición, donde ejercen toda clase de maltratos para buscar que confiesen crímenes que no cometieron.
“Hemos tenido varias quejas donde se señala precisamente a autoridades que, en el momento de la detención, ya no nada más de que fueran arbitrarias, sino que en las dilaciones que se da para ponerlas a disposición del Ministerio Público pues se genera un espacio propicio en lugares, incluso clandestinos, en donde se practica la tortura”, indicó.
Hernández Cruz aseguró que no sólo queda en eso, sino que cuando ya están detenidos son objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Añadió que la Fiscalía General del Estado se encuentra entre las instituciones que mayor número de quejas reciben dentro de la Comisión, pues en cuatro años se han presentado en total 326, las cuales han derivado en 30 recomendaciones emitidas.
Incremento al presupuesto
A lo largo de estos cinco años, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha incrementado su presupuesto más del 50 por ciento, pasando de tener 554 millones de pesos en 2018 a mil 82 millones de pesos para este 2023, siendo hoy por hoy el noveno órgano procurador de justicia más caro del país; sin embargo, de acuerdo con el último reporte del índice de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF), la de Morelos ocupa los últimos lugares en esta materia.
En el caso de los homicidios, por ejemplo, en la entidad el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 1 mil 351.
Sin embargo, para perseguir estos crímenes, la Fiscalía de Morelos tiene apenas un 0.2 por ciento de efectividad, de acuerdo con Impunidad Cero.
Por cuánto hace a los feminicidios, otro de los delitos en que Morelos se encuentra en los primeros lugares en México, la Fiscalía señala que tiene una efectividad de más del 80 por ciento en resolución de estos casos, pero, según la citada empresa, solo el 14 por ciento de las víctimas indirectas de este delito acceden a la justicia.
En sus declaraciones, Carmona Gándara, ha hecho público que destinará 20 millones de pesos para la Fiscalía Especializada en Feminicidios, con lo que, a decir de él, podrán tener una mejor efectividad en la persecución de este delito, del cual tan sólo el año anterior se registraron 23 casos, la mayoría aún no resueltos, como el de la diputada Gabriela Marín, Melani Fernanda, en Huitzilac, y el caso que marcó a la actual administración de Uriel Carmona: el de Ariadna Fernanda.
Únete a nuestro canal de YouTube
.jpg "diputada-local-erika-hernández-gordillo. (1).jpg")
.jpeg "hospi (2).jpeg")
