En cuatro años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) interpuso ocho demandas de acción de inconstitucionalidad en contra de leyes que según su consideración violan la constitución, los tratados internacionales, los derechos fundamentales de las personas o por violaciones a los procesos legislativos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así lo informó el presidente de la CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz.
Este sábado 18 de febrero, el ombudsman de Morelos presentó la conferencia magistral “El Papel de la CDHEM en la SCJN”, en el centro “Los Belenes” en compañía de la Barra de Abogados Electorales del Estado de Morelos.
Hernández Cruz expuso que más allá de las acciones que realiza la comisión para garantizar que no se violen los derechos humanos de las y los morelenses, realizan acciones para frenar leyes que consideraron en su momento son inconstitucionales.
“Más allá de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en casos en específico, que es por lo que normalmente se conocen a las comisiones protectoras de derechos humanos, también tenemos esta posibilidad de controlar el exceso, el abuso o la arbitrariedad por parte del legislador mismo al expedir leyes que son contrarias a la constitución”, indicó.
Señaló que de las ocho demandas que interpusieron, siete fueron resueltas y de estas seis dándole la razón a la comisión.
Entre las controversias que promovió la comisión, están dos relacionadas con el respeto a la autonomía presupuestal, como la que se registró en diciembre de 2021, cuando la máxima corte del país invalidó la reducción de egresos de la CDHEM que había planteado el Gobierno del Estado.
Asimismo, Hernández Cruz que la Corte resolvió como inconstitucionales tres leyes, luego de que metieron una queja por temas relacionados con las votaciones que se dieron en el Congreso del Estado con 13 diputadas y diputados de la 54 legislatura.
Así como, una más porque no se realizó una consulta previa sobre una ley promovida en materia de educación, al no tomar en cuenta la opinión de grupos vulnerables, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas.
Informó que aún está pendiente de resolverse la controversia que emitieron en la ley de videovigilancia.
“En esta planteamos que esta norma invade, viola, sacrifica, a cuenta de seguridad pública los derechos a la privacidad o la intimidad de las personas en espacios públicos”, manifestó.
Por último, la Barra de Abogados Electorales y el Ombudsman firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el trabajo entre ambos órganos.
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