El exregidor de Cuernavaca Jesús Martínez Dorantes fue detenido por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, al igual que dos de sus excompañeros y el propio ex alcalde Antonio Villalobos.
Durante la audiencia realizada este 30 de septiembre en los juzgados de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción formuló imputación por Ejercicio Abusivo de Funciones contra el exregidor de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Cuernavaca, a quien se le dictaminó la prisión preventiva debido a que el delito del que fue acusado se considera como grave.
De acuerdo a las autoridades judiciales, se han determinado 72 horas para que se lleva a cabo la vinculación a proceso, relacionada con el presunto desvío de nueve millones de pesos de las aportaciones de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) destinadas al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).
De acuerdo a la investigación relacionada con la causa penal JC/385/2022, sin motivo justificado, desde la primera quincena de enero hasta la primera de octubre de 2019, se retuvieron las cuotas generando una afectación de 9 millones 147 mil 482 pesos, de los cuales, 2 millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra Sapac por no pagar las cuotas.
El agente del Ministerio Público presentó como parte de su investigación 13 mil 709 recibos de trabajadores donde se evidenciaban los descuentos que les hacían, los cuales no fueron enterados al Instituto de Crédito. Además fueron exhibidos movimientos bancarios como prueba que respalda lo establecido en los recibos.
El pasado 28 de septiembre también fueron detenidos por el mismo delito el ex alcalde Antonio Villalobos, y los regidores Anayeli Fabiola Rodríguez y Gerardo Enrique Güemes, quienes presuntamente fueron omisos en el cumplimiento de sus funciones y no evitaron la afectación tanto para los trabajadores ni al Instituto de Crédito.
De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción el ex alcalde podría pasar de entre 3 a 13 en la cárcel de comprobarse el uso abusivo del servicio público, ya que además podría imputarse el delito de fraude procesal, si se comprueba que el supuesto accidente automovilístico por el que no llegó a la audiencia de vinculación, fue falso.
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