Los casos de violencia digital en Morelos van en aumento y no se ha sabido de sanciones contra los agresores, por lo que desafortunadamente existen casos que han derivado en suicidios y feminicidios, así lo aseguró Guadalupe Isela Chávez Cardozo, presidenta de la asociación civil Mujer Nunca Permitas.
Señaló que desafortunadamente cada vez hay más mujeres violentadas en el entorno laboral, lo que al final también termina convirtiéndose en un acoso. La violencia a la identidad personal es la más frecuente y las carpetas de investigación no han avanzado, lo que ha generado que las víctimas se desilusionen y prefieren no denunciar para evitar una revictimización.
Resaltó que no solo se comparten imágenes íntimas de mujeres sino de hombres.
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El grupo en donde hay mayor incidencia de casos de violencia digital es de los 12 a los 25 años y ya en menor número de 25 años en adelante.
“Desafortunadamente ninguno se ha logrado integrar la investigación para poder llevarla a una judicialización, es decir, llevarlo ante el juez, no lo hemos podido lograr pero estoy convencida lo vamos a lograr muy pronto porque este tipo de delitos no pueden seguirse cometiendo”.
Guadalupe Isela Chávez indicó que ya es tiempo de que estos casos avancen y se llegue a una sentencia porque las víctimas son afectadas psicoemocionalmente, incluso ya se han registrado suicidios.
Destacó que principalmente les preocupa el grupo de 12 a 19 años de edad, quienes han sido víctimas apenas están en una etapa de formación de criterios y personal, no pueden llevar un buen manejo de la situación generando desenlaces desafortunados.
La presidente de Mujer Nunca Permitas tiene conocimiento de los suicidios de dos jóvenes que sufrieron violencia digital por difusión de imágenes, e inclusive dos feminicidios.
La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.
Quien ejerza este tipo de violencia puede alcanzar hasta 12 años de cárcel y se considera como violencia digital los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, así como divulgación de información apócrifa, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales.
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