Para este año 2023, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ejercerá un presupuesto de más de mil 500 millones de pesos, 164 millones más que el año anterior, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’. La mayoría de este presupuesto será destinado a la adquisición de cámaras y patrullas para el fortalecimiento de las labores de vigilancia, para las cuales se destinaron 100 millones de pesos.
Llama la atención que al quitarle las libres transferencias al Gobierno del Estado, este no podrá disponer de recursos con libertad para dirigirlos a seguridad pública u otro sector, en caso de requerir un “rescate financiero” a cualquier institución.
En el caso de la CES pasará lo mismo pues el recurso que está estipulado para rubro deberá ser distribuido de tal forma que “rinda” durante todo el año.
Es de señalar que para el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, sólo se entregaron 600 mil pesos, mismo presupuesto con el que operó en cuatro años, a pesar de ser la dependencia dónde se crean estrategias para prevenir delitos como violencia familiar o en razón de género. Asimismo, para la capacitación y profesionalización de los elementos de la policía se destinaron 337 mil pesos.
Mientras que, para la infraestructura de la “Torre Morelos” tendrán un gasto disponible de más de cuatro millones de pesos, ocho millones para el equipamiento de las instituciones de seguridad pública y tres millones de pesos para el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización.
En su momento se generó una polémica entre la CES y el Congreso del Estado, porque este último presumió un aumento de poco más del 32 por ciento, pero la Comisión reclamó que el aumento real sólo fue del 10 por ciento.
Una de las controversias que marcaron la disputa de la CES y el Legislativo, fue cuando el encargado de la seguridad pública en el estado, José Antonio Ortiz Guarneros declaró que para la compra de toallas sanitarias para 223 internas del penal de Atlacholoaya se destinaron cinco millones de pesos, incluso intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHM).
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