La defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín Edgar, denunció ayer la impunidad que existe en México con respecto al feminicidio.
“Abordar la violencia feminicida como una forma de tortura, resulta fundamental a fin de que los Estados tipifiquen e investiguen la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, proporcionen reparación a las víctimas y tomen medidas preventivas, abordando las causas profundas de la violencia de género”, dijo durante la presentación del informe Violencia contra las Mujeres y Niñas Indígenas, a cargo de la Relatora Especial de la ONU Reem Alsalem.
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Soledad Jarquín es madre de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, víctima de feminicidio el 2 de junio de 2018 en México, crimen que, asegura, es un ejemplo de la impunidad en el país.
“El feminicidio de mi hija refleja las diversas violencias que enfrentan las mujeres en el país, en particular en contextos indígenas como Juchitán, municipio en Oaxaca, donde fue asesinada. En Juchitán se han registrado 26 agresiones contra mujeres y 11 feminicidios en lo que va del 2022.
“La investigación penal del caso de mi hija se ha realizado sin perspectiva de género y después de cuatro años, el caso sigue en impunidad”, añadió durante su intervención en el quincuagésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde fue presentado dicho informe sobre violencia contra mujeres y niñas indígenas.
María del Sol Cruz Jarquín trabajaba como jefa del departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca cuando fue asesinada.
El documento presentado por Reem Alsalem indica que en varios países del mundo las mujeres indígenas han estado expuestas a graves formas de violencia de género como la esterilización forzada; la trata y la violencia sexual en el contexto del desplazamiento o la migración; las prácticas tradicionales nocivas; y la violencia de género en el contexto de los conflictos. “Estas diferentes manifestaciones de violencia son perpetradas por agentes estatales; agentes no estatales, como empresas privadas y grupos armados; miembros de su propia comunidad; y otros”, indica el informe.
Pese a ello, estos casos frecuentemente no se denuncian, por lo que a menudo los agresores gozan de impunidad.
“Las mujeres y niñas indígenas se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la justicia, ya sea dentro de su comunidad o a través de las instituciones estatales, debido a la discriminación, los prejuicios, el miedo a la estigmatización, las barreras lingüísticas y los riesgos de revictimización”, añade el documento.
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