A menos de una semana de su detención, este jueves fue liberado Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien fue señalado por el presunto desfalco de más de 142 millones de pesos en la dependencia derivado de una compra irregular de azúcar.
Fuentes federales confirmaron a El Sol de México que la liberación del exfuncionario ocurrió luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, consideró que no existían las suficientes pruebas en su contra.
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Carlos Antonio Dávila Amerena era hasta ahora uno de los funcionarios de más alto nivel detenidos por el caso de Segalmex y a quien se le imputa los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de ser parte del entramado al interior de Segalmex que permitió la compra irregular de más de siete toneladas de azúcar que generó un desfalco de 142 millones 440 mil 883 pesos.
Por este caso, en días recientes, la FGR solicitó que se girarán 22 órdenes de aprehensión en contra de 12 servidores públicos de Segalmex, entre ellos Dávila Amerena; cuatro personas de las empresas coludidas y seis presuntos beneficiarios de los recursos desviados.
En el transcurso de la semana fueron nueve las personas detenidas por este caso, siendo el último de ellos Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones de Diconsa, quien fue capturado en Coahuila por elementos de la Policía Ministerial.
De acuerdo con lo conocido por este diario, durante la audiencia en el “Altiplano” que resultó en la liberación del exdirector jurídico de Segalmex, el juez sí determinó vincular a proceso a otros tres funcionarios y una persona relacionada con la empresa Servicios Integrales Carregin.
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Se trata de Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro y Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.
También Jorge Romero Valencia, accionista de la empresa Carregin, quien se habría encargado de simular la compra de la azúcar.
A ellos les fue dictada la medida de prisión preventiva oficiosa y se les otorgó un plazo de tres meses para concluir con la etapa de investigación complementaria.
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