La secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, comunicó que interpondrán un recurso jurídico ante la corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé marcha atrás sobre que las jubilaciones serán tabuladas en unidad de medida y actualización y no en salario mínimo, como marcaban los lineamientos anteriores en la ley del ISSSTE.
La decisión del máximo órgano de justicia mexicano afecta gravemente a las y los maestros, ya que el tope máximo de una jubilación se reduce casi a la mitad cuando son derechos laborales ya hechos válidos por miles de docentes retirados.
“Un ejemplo, si el tope máximo se calcula en UMA la jubilación es de 26 mil 886 pesos, pero si se calcula en salario mínimo sería de alrededor de 42 mil pesos, es decir, que cada trabajador dejaría de percibir casi el doble con esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y siendo una cantidad tan considerable es por ello el enojo de nuestros compañero que cada año de trabajo fueron dejando parte de su sueldo para la hora de retirarse, es un atropello a los derechos humanos de los maestros y maestras”.
Además de la batalla jurídica que habrá de venir en los próximos días, los magisterios contemplan movilizaciones en todo el país.
“No se está descartado salir a las calles, vamos a luchar por los derechos de los compañeros y por eso les pido estén tranquilos, porque no vamos a permitir que se violenten los derechos; primero daremos la defensa jurídica colectiva para que sea la Corte Interamericana quienes les emita observaciones sobre este atropello que hemos sufrido”.
La “equívoca” interpretación de la corte contraviene la jurisprudencia emitida por la misma SCJN publicada en septiembre de 2019, afectado a todos quienes se jubilaron del 2007 en adelante, por lo que tampoco podría ser “retroactiva” en detrimento para sus derechos laborales.
“Lo que sabemos es que les han hecho descuento aún cuando esto no está permitido, y con esto siempre estarán en riesgo los que vienen o se jubilaron antes del año 2007. Es claro que existen intereses económicos y políticos que atentan contra nuestros jubilados”.
