/ viernes 18 de febrero de 2022

Sin justicia en caso de bebés fallecidos en el Parres

A tres y medio años de la denuncia por negligencia médica contra el Hospital General que lesionó las vidas y los derechos de una decena de familias, no hay registro de sanción alguna contra el personal médico

En junio del 2018 la vida de 10 familias morelenses cambió para siempre de forma radical debido a que por una supuesta bacteria en la Unidad de Cuidados Neonatales del Hospital General “José G. Parres” en Cuernavaca, al menos 10 recién nacidos fallecieron.

Un mes después, en rueda de prensa, las madres de tres bebés aseguraron que por negligencia médica sus hijos habían fallecido. América Jocelin León Guadarrama narró que su hijo, Iker Tadeo, nació de 33 semanas, por lo cual estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales; si bien, ya se mantenía estable y estaba a punto de pasar a Pediatría, en unas horas su condición cambió a muy grave y falleció.

Patricia Aguirre, quien perdió a sus cuates, una niña y un niño, refirió que cuando la salud de sus hijos empeorÓ, los doctores le informaron que se trató de una bacteria pero que ya estaban recibiendo un tratamiento con antibióticos; sin embargo, la salud de los recién nacidos no mejoraba, pereciendo en junio con unos días de diferencia.

Al no obtener respuestas por parte de las autoridades estatales, las madres de los bebés advirtieron que presentarían una denuncia colectiva por negligencia médica, ya que acusaron presuntas malas prácticas de higiene al interior del nosocomio, una tardía respuesta ante un brote infeccioso y la falta de información sobre el estado de salud de sus pequeños.

Además de que acusaron en los expedientes médicos de sus hijos, diversos casos que dieron positivo a la bacteria nosocomial, Klebsiella Pneumoniae.

La entonces Secretaría de Salud en el sexenio del exgobernador Graco Ramírez avaló que estos casos se revisarían a fondo, aunque en una primera instancia, detallaron que la muerte de estos bebés se debió a que era prematuros; a punto de concluir su periodo indicaron que eran nueve los bebés que murieron en el Parres.

El cambio de gobierno estatal llegó pero no así una respuesta para estas familias, sino hasta dos años después, en el 2020, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una recomendación en contra de las autoridades estatales en turno y de la Fiscalía General del Estado por considerar que se violentaron los derechos de protección a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez.

¿Qué ha pasado desde que los medios se olvidaron de este caso?

A un año de emitir las recomendaciones pero sin encontrar respuesta alguna, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) pidió como un hecho inédito al Congreso de Morelos, la comparecencia de Héctor Barón Olivares, titular de los Servicios de Salud del estado en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el incumplimiento de las mismas, provocando violaciones graves a derechos humanos.

Al respecto, el presidente del organismo defensor de Derechos Dumanos, Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó a El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, que la recomendación planteada a los Servicios de Salud, en lo concerniente a la disculpa pública solicitada por parte de su titular y con ello el registro de los familiares de estos bebés como víctimas indirectas de este caso de violaciones graves para los efectos de acceder a la reparación integral del daño, no fue aceptada.

Esta situación desencadenó que a la fecha no se cuente con personas encarceladas por la muerte de los bebés, pese a que dentro de las peticiones que hizo la CDHEM se establece la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para que junto con el personal de Servicios de Salud lleven a cabo la investigación e identificación de estos hechos que ocurrieron.

“Al día de hoy no tenemos, al menos en la comisión, noticia de que se haya avanzado en las investigaciones, y se encuentren siendo procesados los responsables de esto que ocurrió”, expresó el ombudsman.

Por ende, nadie ha perdido el cargo y el derecho a ejercer la medicina, las víctimas indirectas no han podido acceder a ayuda del Estado, teniendo que interponer un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual se encuentra en trámite.

“Hablamos de una situación de violaciones gravísimas a los derechos, a la vida, al interés superior de la niñez; en donde este rechazo lo que genera son condiciones de impunidad, de que los hechos no se investiguen de manera completa, adecuada, que no se identifique a los responsables y no se les pongan las sanciones, no nada más penales, sino también las administrativas y civiles”, exclamó.

Si bien este caso ha llegado ya a la CNDH, el organismo estatal sigue avanzando en su resolución y obtener justicia para los familiares; con base en a la Constitución federal solicitaron la comparecencia de Héctor Barón Olivares, titular de los Servicios de Salud para que como titular del área explique los motivos de su rechazo “en algo que es tan lamentable y grave y que además revictimiza”.

El fallecimiento de los 10 bebés por una supuesta negligencia médica se suscitó en la pasada administración estatal; sin embargo, el presidente de la CDHEM aclaró que independientemente de quienes representen a las autoridades, son éstas las que deben responder a las víctimas directas e indirectas de violaciones graves a Derechos Humanos, es decir, su representante sin importar quien sea debe seguir atendiendo, responder y darle seguimiento a las recomendaciones que emitan.

No obstante, dijo, cosa distinta es la responsabilidad administrativa y penal, que sin importar continúen o no en funciones, los servidores públicos que tuvieron injerencia en este hecho deben ser sancionados.

Cabe mencionar que la comparecencia de Héctor Barón Olivares, titular de los Servicios de Salud no sólo es por este caso, sino por otras cuatro recomendaciones en materia de Derechos Humanos que no han sido atendidas por su área.

La comparecencia tiene que ser abierta a todo el público en general donde el funcionario estatal exponga los motivos y fundamentos para la negativa, en especial al tratarse de violaciones a los Derechos Humanos, que lo buscan es que se establezcan las medidas de reparación, las responsabilidades y con esto evitar que en el futuro vuelvan a incurrir en violaciones de esta naturaleza.

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En junio del 2018 la vida de 10 familias morelenses cambió para siempre de forma radical debido a que por una supuesta bacteria en la Unidad de Cuidados Neonatales del Hospital General “José G. Parres” en Cuernavaca, al menos 10 recién nacidos fallecieron.

Un mes después, en rueda de prensa, las madres de tres bebés aseguraron que por negligencia médica sus hijos habían fallecido. América Jocelin León Guadarrama narró que su hijo, Iker Tadeo, nació de 33 semanas, por lo cual estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales; si bien, ya se mantenía estable y estaba a punto de pasar a Pediatría, en unas horas su condición cambió a muy grave y falleció.

Patricia Aguirre, quien perdió a sus cuates, una niña y un niño, refirió que cuando la salud de sus hijos empeorÓ, los doctores le informaron que se trató de una bacteria pero que ya estaban recibiendo un tratamiento con antibióticos; sin embargo, la salud de los recién nacidos no mejoraba, pereciendo en junio con unos días de diferencia.

Al no obtener respuestas por parte de las autoridades estatales, las madres de los bebés advirtieron que presentarían una denuncia colectiva por negligencia médica, ya que acusaron presuntas malas prácticas de higiene al interior del nosocomio, una tardía respuesta ante un brote infeccioso y la falta de información sobre el estado de salud de sus pequeños.

Además de que acusaron en los expedientes médicos de sus hijos, diversos casos que dieron positivo a la bacteria nosocomial, Klebsiella Pneumoniae.

La entonces Secretaría de Salud en el sexenio del exgobernador Graco Ramírez avaló que estos casos se revisarían a fondo, aunque en una primera instancia, detallaron que la muerte de estos bebés se debió a que era prematuros; a punto de concluir su periodo indicaron que eran nueve los bebés que murieron en el Parres.

El cambio de gobierno estatal llegó pero no así una respuesta para estas familias, sino hasta dos años después, en el 2020, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una recomendación en contra de las autoridades estatales en turno y de la Fiscalía General del Estado por considerar que se violentaron los derechos de protección a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez.

¿Qué ha pasado desde que los medios se olvidaron de este caso?

A un año de emitir las recomendaciones pero sin encontrar respuesta alguna, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) pidió como un hecho inédito al Congreso de Morelos, la comparecencia de Héctor Barón Olivares, titular de los Servicios de Salud del estado en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el incumplimiento de las mismas, provocando violaciones graves a derechos humanos.

Al respecto, el presidente del organismo defensor de Derechos Dumanos, Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó a El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, que la recomendación planteada a los Servicios de Salud, en lo concerniente a la disculpa pública solicitada por parte de su titular y con ello el registro de los familiares de estos bebés como víctimas indirectas de este caso de violaciones graves para los efectos de acceder a la reparación integral del daño, no fue aceptada.

Esta situación desencadenó que a la fecha no se cuente con personas encarceladas por la muerte de los bebés, pese a que dentro de las peticiones que hizo la CDHEM se establece la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para que junto con el personal de Servicios de Salud lleven a cabo la investigación e identificación de estos hechos que ocurrieron.

“Al día de hoy no tenemos, al menos en la comisión, noticia de que se haya avanzado en las investigaciones, y se encuentren siendo procesados los responsables de esto que ocurrió”, expresó el ombudsman.

Por ende, nadie ha perdido el cargo y el derecho a ejercer la medicina, las víctimas indirectas no han podido acceder a ayuda del Estado, teniendo que interponer un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual se encuentra en trámite.

“Hablamos de una situación de violaciones gravísimas a los derechos, a la vida, al interés superior de la niñez; en donde este rechazo lo que genera son condiciones de impunidad, de que los hechos no se investiguen de manera completa, adecuada, que no se identifique a los responsables y no se les pongan las sanciones, no nada más penales, sino también las administrativas y civiles”, exclamó.

Si bien este caso ha llegado ya a la CNDH, el organismo estatal sigue avanzando en su resolución y obtener justicia para los familiares; con base en a la Constitución federal solicitaron la comparecencia de Héctor Barón Olivares, titular de los Servicios de Salud para que como titular del área explique los motivos de su rechazo “en algo que es tan lamentable y grave y que además revictimiza”.

El fallecimiento de los 10 bebés por una supuesta negligencia médica se suscitó en la pasada administración estatal; sin embargo, el presidente de la CDHEM aclaró que independientemente de quienes representen a las autoridades, son éstas las que deben responder a las víctimas directas e indirectas de violaciones graves a Derechos Humanos, es decir, su representante sin importar quien sea debe seguir atendiendo, responder y darle seguimiento a las recomendaciones que emitan.

No obstante, dijo, cosa distinta es la responsabilidad administrativa y penal, que sin importar continúen o no en funciones, los servidores públicos que tuvieron injerencia en este hecho deben ser sancionados.

Cabe mencionar que la comparecencia de Héctor Barón Olivares, titular de los Servicios de Salud no sólo es por este caso, sino por otras cuatro recomendaciones en materia de Derechos Humanos que no han sido atendidas por su área.

La comparecencia tiene que ser abierta a todo el público en general donde el funcionario estatal exponga los motivos y fundamentos para la negativa, en especial al tratarse de violaciones a los Derechos Humanos, que lo buscan es que se establezcan las medidas de reparación, las responsabilidades y con esto evitar que en el futuro vuelvan a incurrir en violaciones de esta naturaleza.

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