Este jueves diputados de la LIV Legislatura advirtieron que no permitirán imposiciones del Ejecutivo al aseverar que no serán sumisos y respetarán la autonomía de Poderes externando su deferencia a este Poder.
En rueda de prensa, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano de Nueva Alianza informó sobre el acuerdo que firmaron Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo Cortez y José Casas González integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT); Ana Cristina Guevara Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano; Marcos Zapotitla Becerro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regernación Nacional (Morena); y Maricela Jiménez Armendáriz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), en el cual reiteraron su disposición para mantener el diálogo y la voluntad a la construcción de acuerdos transparentes creando una agenda social en coordinación que permita que Morelos logre ser “el anfitrión del mundo”.
Durante su intervención, Marcos Zapotitla señaló que la intención es generar acuerdos de coordinación, no de subordinación tras presentarse un intento de intromisión por parte del Gobierno del Estado al nombrar a la hermana de Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Administración estatal como directora de Recursos Humanos en el Congreso Local, a quien despidieron, “hubo un consenso amplio de toda la Legislatura para no permitir la intromisión de esta persona”.
A estas declaraciones la presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, indicó que no hay duda de que el Congreso local, está unido; sin embargo, fueron sólo ocho los legisladores presentes de 20 diputados, sin contar con la presencia también del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Por otro lado, el diputado José Casas González, refirió que las declaraciones por la ex diputada y vicepresidenta de la Mesa Directiva en la LIII legislatura, Hortencia Figueroa Peralta no son más que un acto de nerviosismo, ya que la entrega recepción entre la pasada legislatura y la actual está dentro del término que marca la Ley y vence el día dos de noviembre.
Dijo que de la revisión realizada se encontró que se instruyó a la Auditoría Superior de Fiscalización a que se le hiciera una auditoría total a la LIII Legislatura en sus ejercicios 2016, 2017 y 2018, y que se negaron al acuerdo realizado en el Pleno de entregar información, estados financieros, inventarios valores, tabuladores y todo lo que conlleva el análisis y patrimonio del Congreso y eso “desembocará en responsabilidades porque hasta el momento eso traducirán en una desviación de recursos por más de mil 500 millones de pesos”.
