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Recientemente, el legislador Alberto Sánchez Ortega, quien es presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad presentó ante el pleno del Congreso Local la iniciativa que crea la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, que implica la armonización legislativa respecto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual el Estado Mexicano es parte.
Explicó que esto abroga la Ley Integral para las Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, vigente desde el 14 de septiembre de 2018, pero que desde su origen y elaboración no cumplió con la debida observancia respecto del carácter vinculante de diversas disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La propuesta de Ley es resultado de foros y consultas entre personas con discapacidad a nivel estatal y en diversos municipios, tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del estado, por lo que corresponde a la Administración Pública velar en todo momento por el debido cumplimiento de la Ley.
El legislador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que también se contempla crear un Instituto para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, considerado necesario ante la falta de un organismo encargado de la planeación, vigilancia, seguimiento y ejecución de las políticas públicas en la materia, así como de coordinar a las instancias de atención a personas con discapacidad de los municipios.
Además, se considera crear un Consejo Consultivo para integrar la participación de la sociedad civil a través de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la entidad.
Sánchez Ortega indicó que con esta ley establece derechos específicos para mujeres con discapacidad, el respeto a la evolución de la niñez con discapacidad, sanciones específicas al incumplimiento de la presente Ley y se garantiza la participación de personas con discapacidad y organizaciones sociales en todos los ámbitos de la vida, a través del derecho a la participación en la vida pública y política.
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