La diputada Rosalina Mazari Espín, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó que buscarán comparecer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer el estado real de los decretos pensionatorios y jubilatorios del Poder Judicial.
Esto con la finalidad de cerciorarse si los 80 millones de pesos etiquetados en el presupuesto 2019 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son suficientes para cumplir con este derecho o en su caso, solicitar al Gobierno Estatal una ampliación.
Declaró que desde el punto de vista del órgano legislativo está prácticamente ya el recurso cubierto ante las necesidades que tiene la gente que va a recibir una jubilación o su pensión, siendo que realizaron dicho cálculo al percártarse en la página de transparencia existen personas que vienen en una lista como si no se les hubieran pagado nada y resulta que fueron cubiertas esas jubilaciones y pensiones.
Por ello, exclamó que tal vez el Poder Judicial desea recuperar el dinero que en otros ejercicios fiscales erogaron; sin embargo, la situación financiera actual de Morelos no está en condiciones para hacerlo.
Aunque comentó el hecho de no haber puesto una etiqueta en el presupuesto del ejercicio anterior ocasiona que nadie se haga responsable del pago de las jubilaciones y pensiones.
Lo único que nosotros haríamos sería aclarar y que nos digan de cuánto recurso estamos hablando porque ese recurso que llegará a hacer falta nosotros vamos a solicitar al Poder Ejecutivo directamente a la Secretaría de Hacienda que nos dé una ampliación presupuestal para que ese dinero lo podamos tener y estemos en posibilidades de cumplir lo que nos está mandatando la ley, advirtió.
El 4 de marzo, la SCJN publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el cual llamó a los tres poderes de Gobierno en Morelos a cumplir con las 116 ejecutorias de controversias constitucionales al pago de pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en caso de no acatarlo ordenarán la destitución de magistrados, diputados y el mismo gobernador del estado del cargo.
