/ jueves 24 de marzo de 2022

Periodistas y activistas exigen verdad y justicia

Según cifras documentadas por el Comité Cerezo México, se han asesinado en diferentes estados de nuestro país a 94 activistas

Apenas iniciaba el Diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando activistas y reporteras interrumpieron y tomaron la palabra para señalar que los listones negros en el puño izquierdo eran símbolo de la ausencia de las vidas de aquellas personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, aquellas a quienes los gobiernos municipales, estatales y federales no han podido sostener ni proteger.

“Estamos a poco más de la mitad de un sexenio que inició con una esperanza generalizada de transformar la terrible realidad sangrienta que llevábamos años viviendo, pero no ha cambiado. De acuerdo con las estadísticas, el sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en uno de los más violentos para quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y el periodismo en México”.

Recordaron que del inicio de la administración actual y hasta octubre de 2021, según cifras documentadas por el Comité Cerezo México, se han asesinado en diferentes estados de nuestro país a 94 activistas.

En los meses posteriores se han sumado más, como en el caso de Morelos con los asesinatos de los activistas ambientales y sociales, Rodrigo Morales y Alejandro García Zagal “El Chepe”, respectivamente, a finales del año pasado en Cuernavaca. Así como la defensora de víctimas Ana Luisa Garduño, quien inició su lucha hace nueve años a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen en Temixco.

“En este sexenio en Morelos también se ha incrementado significativamente la violencia. Recientemente circuló en redes sociales una publicación que señalaba que si la violencia continuaba así se debería de cambiar el slogan de 'Morelos, Anfitrión del Mundo' por 'Morelos, anfiteatro del mundo'. Esto da cuenta de la vorágine violenta en la que vivimos”.

Las estadísticas de los asesinatos de activistas y periodistas, agregaron, son el resultado de la impunidad que prevalece en cada uno de estos homicidios, alentados por la criminalización, denostación y discursos de odio que frecuentemente y a la ligera el presidente pronuncia en su conferencia matutina en contra de los, les y las periodistas, discurso que lamentablemente se replica por parte de diversas autoridades municipales y estatales, agregaron-

De la misma forma, otro grupo de reporteras y reporteros, en voz de Maciel Calvo, entregó un documento firmado por comunicadores, donde plantean “la creación de una ley específica para la protección de las y los periodistas, y otra relativa a la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos, toda vez que la legislación tiene que ser acorde a la necesidad de cada sector.

Además, en la normatividad deben estar previstas sanciones administrativas y penales en contra de servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas.

También solicitaron incluir en el mecanismo federal al menos a un representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y se establezca la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales para generar un diagnóstico actualizado de lo que ocurre en todo el país.

Prever en la ley la creación de uno o varios albergues dignos para periodistas en los que se pueda dar resguardo a reporteras, reporteros y sus familias en los casos que requieren ser extraídos de sus estados, por estar en riesgo su integridad física.

“Garantizar recursos materiales, económicos y humanos que puedan utilizarse de manera inmediata en situaciones de emergencia para poner a resguardo a periodistas en peligro; fortalecer a los mecanismos estatales y establecer la facultad de atracción del mecanismo federal sobre casos en los que el o los agresores pertenezcan a instituciones vinculadas al mecanismo y las acciones de protección de periodistas.

Las estadísticas de los asesinatos de activistas y periodistas son el resultado de la impunidad que prevalece en cada uno de estos homicidios, alentados por discursos de odio.


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Apenas iniciaba el Diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando activistas y reporteras interrumpieron y tomaron la palabra para señalar que los listones negros en el puño izquierdo eran símbolo de la ausencia de las vidas de aquellas personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, aquellas a quienes los gobiernos municipales, estatales y federales no han podido sostener ni proteger.

“Estamos a poco más de la mitad de un sexenio que inició con una esperanza generalizada de transformar la terrible realidad sangrienta que llevábamos años viviendo, pero no ha cambiado. De acuerdo con las estadísticas, el sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en uno de los más violentos para quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y el periodismo en México”.

Recordaron que del inicio de la administración actual y hasta octubre de 2021, según cifras documentadas por el Comité Cerezo México, se han asesinado en diferentes estados de nuestro país a 94 activistas.

En los meses posteriores se han sumado más, como en el caso de Morelos con los asesinatos de los activistas ambientales y sociales, Rodrigo Morales y Alejandro García Zagal “El Chepe”, respectivamente, a finales del año pasado en Cuernavaca. Así como la defensora de víctimas Ana Luisa Garduño, quien inició su lucha hace nueve años a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen en Temixco.

“En este sexenio en Morelos también se ha incrementado significativamente la violencia. Recientemente circuló en redes sociales una publicación que señalaba que si la violencia continuaba así se debería de cambiar el slogan de 'Morelos, Anfitrión del Mundo' por 'Morelos, anfiteatro del mundo'. Esto da cuenta de la vorágine violenta en la que vivimos”.

Las estadísticas de los asesinatos de activistas y periodistas, agregaron, son el resultado de la impunidad que prevalece en cada uno de estos homicidios, alentados por la criminalización, denostación y discursos de odio que frecuentemente y a la ligera el presidente pronuncia en su conferencia matutina en contra de los, les y las periodistas, discurso que lamentablemente se replica por parte de diversas autoridades municipales y estatales, agregaron-

De la misma forma, otro grupo de reporteras y reporteros, en voz de Maciel Calvo, entregó un documento firmado por comunicadores, donde plantean “la creación de una ley específica para la protección de las y los periodistas, y otra relativa a la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos, toda vez que la legislación tiene que ser acorde a la necesidad de cada sector.

Además, en la normatividad deben estar previstas sanciones administrativas y penales en contra de servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas.

También solicitaron incluir en el mecanismo federal al menos a un representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y se establezca la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales para generar un diagnóstico actualizado de lo que ocurre en todo el país.

Prever en la ley la creación de uno o varios albergues dignos para periodistas en los que se pueda dar resguardo a reporteras, reporteros y sus familias en los casos que requieren ser extraídos de sus estados, por estar en riesgo su integridad física.

“Garantizar recursos materiales, económicos y humanos que puedan utilizarse de manera inmediata en situaciones de emergencia para poner a resguardo a periodistas en peligro; fortalecer a los mecanismos estatales y establecer la facultad de atracción del mecanismo federal sobre casos en los que el o los agresores pertenezcan a instituciones vinculadas al mecanismo y las acciones de protección de periodistas.

Las estadísticas de los asesinatos de activistas y periodistas son el resultado de la impunidad que prevalece en cada uno de estos homicidios, alentados por discursos de odio.


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