El secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura confirmó que el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debe hasta un millón de pesos por la propaganda política colocada en espacios públicos por parte de los aspirantes en el estado a la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación.
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Indicó que hasta el momento tienen detectadas cinco personas que promueven su imagen y sin detallar quiénes son, solamente expresó que uno de ellos es Margarita González Saravia de Morena, a cuya institución política se le interpuso quejas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac), en este sentido.
Afirmó que a las cinco personas detectadas por sobreexposición de imagen deberán enviar la notificación correspondiente, ya que cada personaje debe desde 500 mil hasta un millón de pesos a la presidencia municipal de Cuernavaca.
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De la Rosa Segura señaló que comenzarán con los procesos de manera personal con cada una de las identificados en dicha propaganda política.
"Llegamos a uno de los partidos políticos pretendiendo hacer ver que era propaganda política, y no fue así, no pudimos acreditar. No se nos permitió notificarle, se les dejó pegado en el establecimiento de este partido político esta notificación y estamos buscando si hay domicilio donde podamos localizar a estas personas", explicó el funcionario.
Asimismo, puntualizó que hace más de 30 días se expuso esta situación ante el Impepac; pero agregó que no determinó estas acciones como propaganda política, por lo que no hay una resolución.
“Tenemos los procedimientos iniciados en contra de las personas físicas que aparecen como imagen promocionando algo, no sabemos qué. Finalmente hemos detectado una cantidad suficiente para poder iniciar los procedimientos, tenemos considerados ahorita cada tabulador, con base a lo que establece el reglamento y la ley, un aproximado entre los 500 y un millón de pesos que llevarían ya acumulados las personas que se están indebidamente ocupando del mobiliario urbano”, abundó.
Refirió que lo que deben al ayuntamiento depende del número de postes o mobiliario dañado por la colocación de su propaganda política, y aclaró que la tabulación de las multas se hizo a través de la investigación efectuada por los verificadores del ayuntamiento.
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