/ martes 17 de mayo de 2022

Morelos, penúltimo lugar en el Estado de Derecho

Para que los países logren crecer y tener bienestar económico se requiere de un esfuerzo de toda la población autoridades y sociedad, afirma el presidente del TJS

Para que los países logren crecer y llevar bienestar económico a sus poblaciones; se requiere de un esfuerzo de toda la población autoridades y sociedad, pero sobre todo se requiere que todos tengamos un respeto irrestricto por el cumplimiento de las leyes. Durante más de una década el World Justice Project ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Desde 2018, publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país. Este índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno. La cuarta edición del IEDMX presenta n datos e indicadores, organizados en ocho factores que lo integran: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil y 8) justicia penal. Los resultados del IEDMX evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Al igual que en el Índice de Estado de Derecho mundial, el IEDMX utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho. En el IEDMX se observa que la brecha entre las 32 entidades federativas y el puntaje idóneo sigue siendo extensa, lo cual significa que todas tienen aún retos importantes. Dentro de los avances y retrocesos del Estado de Derecho en México, el documento destaca que el principal reto durante y después de la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal. El puntaje para este factor cayó en 16 estados en un año (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas). Los indicadores con descensos más marcados fueron los de eficiencia y eficacia de los sistemas de impartición de justicia, y el que mide el debido proceso de las personas acusadas de algún delito. Morelos ocupa en este rubro el lugar 31 de 32, como lo señala el estudio, los datos sugieren que los sistemas de justicia penal en el estado de Morelos se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos. De hecho, en el Estado los órganos jurisdiccionales se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un tiempo prolongado, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias. De aquí la importancia del diseño y puesta en marcha de mecanismos de juicio en línea como los que está implementando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se deberá trabajar en las diversas áreas de oportunidad que se presentan en el informe. Las autoridades que se elijan este año deberán considerar estos datos en los procesos de planeación de sus respectivas administraciones. Hacer conciencia sobre los resultados que arroja el IEDMX implica darle el valor que le corresponde a las leyes, como base de un Estado de Derecho. Además, en este momento más que nunca, es necesario no perder de vista que el Estado de Derecho es el eje primordial sobre el cual se sustenta todo sistema político y económico, así como la organización de la sociedad: la definición de democracia tiene que ver con un sistema de organización social que funcione de manera adecuada. Estado de Derecho y respeto a las leyes, en el que todos los ciudadanos, instituciones, entes públicos y privados estemos sujetos al cumplimiento de las mismas, pero, con la certeza de que esa ley a su vez es respetuosa de los derechos, aplicándose de manera equitativa, justa y eficiente. Estos son los elementos que armonizan el Estado de Derecho con la justicia, y ese debe de ser nuestro compromiso como ciudadanos, hoy y siempre.



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Para que los países logren crecer y llevar bienestar económico a sus poblaciones; se requiere de un esfuerzo de toda la población autoridades y sociedad, pero sobre todo se requiere que todos tengamos un respeto irrestricto por el cumplimiento de las leyes. Durante más de una década el World Justice Project ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Desde 2018, publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país. Este índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno. La cuarta edición del IEDMX presenta n datos e indicadores, organizados en ocho factores que lo integran: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil y 8) justicia penal. Los resultados del IEDMX evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Al igual que en el Índice de Estado de Derecho mundial, el IEDMX utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho. En el IEDMX se observa que la brecha entre las 32 entidades federativas y el puntaje idóneo sigue siendo extensa, lo cual significa que todas tienen aún retos importantes. Dentro de los avances y retrocesos del Estado de Derecho en México, el documento destaca que el principal reto durante y después de la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal. El puntaje para este factor cayó en 16 estados en un año (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas). Los indicadores con descensos más marcados fueron los de eficiencia y eficacia de los sistemas de impartición de justicia, y el que mide el debido proceso de las personas acusadas de algún delito. Morelos ocupa en este rubro el lugar 31 de 32, como lo señala el estudio, los datos sugieren que los sistemas de justicia penal en el estado de Morelos se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos. De hecho, en el Estado los órganos jurisdiccionales se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un tiempo prolongado, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias. De aquí la importancia del diseño y puesta en marcha de mecanismos de juicio en línea como los que está implementando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se deberá trabajar en las diversas áreas de oportunidad que se presentan en el informe. Las autoridades que se elijan este año deberán considerar estos datos en los procesos de planeación de sus respectivas administraciones. Hacer conciencia sobre los resultados que arroja el IEDMX implica darle el valor que le corresponde a las leyes, como base de un Estado de Derecho. Además, en este momento más que nunca, es necesario no perder de vista que el Estado de Derecho es el eje primordial sobre el cual se sustenta todo sistema político y económico, así como la organización de la sociedad: la definición de democracia tiene que ver con un sistema de organización social que funcione de manera adecuada. Estado de Derecho y respeto a las leyes, en el que todos los ciudadanos, instituciones, entes públicos y privados estemos sujetos al cumplimiento de las mismas, pero, con la certeza de que esa ley a su vez es respetuosa de los derechos, aplicándose de manera equitativa, justa y eficiente. Estos son los elementos que armonizan el Estado de Derecho con la justicia, y ese debe de ser nuestro compromiso como ciudadanos, hoy y siempre.



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