Congruencia y apego a la ley solicitó el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado, a las y los diputados locales, con respecto a la designación de las magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que se destaparon algunos nombres de las y los aspirantes.
El encargado de la política interna del ejecutivo estatal mencionó que estos dos rubros no se vieron reflejados en el último proceso de designación a finales del 2023, donde se ocuparon diez vacantes del pleno del Poder Judicial.
Sotelo Salgado, quien durante 14 años formó parte del pleno del TSJ, mencionó que la Constitución establece que se le debe dar preferencia a quienes hayan desarrollado la función judicial, situación que a su parecer no se ha cumplido tampoco por parte de los integrantes del Poder Legislativo.
“La Constitución establece una preferencia para quienes hayan desarrollado la función judicial y creo que no se ha visto así, pero es un tema de los señores diputados, ojalá y que analicen los perfiles... que haya congruencia”, puntualizó el funcionario estatal.
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Algunos nombres que integran la lista han llamado la atención, pues se trata de titulares de diferentes organismos e incluso funcionarios del ejecutivo, tal es el caso de Mónica Boggio Tomazas Merino, jefa de la Oficina de la Gubernatura quien busca un espacio en el TJA o Penélope Picazo Hernández, quien actualmente es titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (Cearv).
En el caso de Mónica Boggio, ha estado cercana al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, desde su nombramiento al frente de la Secretaría de Hacienda en julio de 2020.
Tres años después asumió el cargo que actualmente ostenta y ahora busca formar parte del pleno del TJA, el cual es parte fundamental del Sistema Anticorrupción del estado de Morelos.
Pero, también se encuentra el nombre de Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) y quien ha sido un fuerte crítico al gobierno de Blanco. Fue justamente de este último, que se pronunció el secretario de gobierno.
“Lo que sí provoca cierta inquietud es que teniendo una notaría a la cual pidió licencia para ocupar la Comisión de Derechos Humanos, ahora busca la magistratura, pero bueno es un tema que tendrá que analizar el Congreso del Estado y somos respetuosos de esa situación”, agregó Sotelo Salgado.
Cabe señalar que aún continúan en pie las investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por la supuesta venta en 5 millones de pesos de las magistraturas de la designación anterior, luego de los señalamientos de presuntas irregularidades.
