/ martes 6 de diciembre de 2022

Lista la argumentación para controversia constitucional por presupuesto 2023

Los alcaldes de los municipios a los que no se les asignó recursos para obras públicas realizarán sus propias acciones jurídicas, señaló Gerardo López Huérfano

El encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, Gerardo López Huérfano, informó que tienen lista la argumentación para la controversia constitucional que interpondrá el Poder Ejecutivo de Morelos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Presupuesto de Egresos del año fiscal 2023.

López Huérfano dio a conocer que aún no han recibido el documento por parte del Poder Legislativo para analizar los cambios a fondo y ser más precisos en la solicitud que harán a los ministros de la Suprema Corte.

Las observaciones serán en algunos puntos en los que hubo cambios de forma y o de fondo, como aquellos que están relacionados con la Ley de Ingresos, que perjudica a la Secretaría de Movilidad y Transporte con programas y otras acciones, destacó el funcionario.

Fue realmente muy poco lo que cambió el Congreso de los señalamientos realizados, señaló Gerardo López, tampoco hubo respuesta hacia los municipios a los que no se les asignó dinero para obra pública y será los presidentes municipales quienes realicen sus propias acciones jurídicas.

“Y procederemos pero necesitamos analizar cuáles fueron las modificaciones que hicieron sobre todo algunas modificaciones de forma, no de fondo que nosotros estábamos observando me parece que no hubo cambios sustanciales; sigue la distribución de fondos, solo para algunos municipios”, insistió.

En cuanto lleguen los dictámenes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos el análisis será hecho y la solicitud de la controversia constitucional será solicitada porque siguen dándose las afectaciones en varios rubros.

De momento, destacó López Huérfano, no hay mucho que decir y solamente se espera la documentación, se tienen algunos datos sobre el actuar de los diputados y con ello se ha iniciado la redacción sobre la postura jurídica del Ejecutivo estatal.

El funcionario señaló que la controversia constitucional prácticamente está lista, únicamente esperan que el Poder Legislativo local cumpla con los tiempos y acudan hacia la Ciudad de México a llevar el documento de impugnación constitucional.



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López Huérfano dio a conocer que aún no han recibido el documento por parte del Poder Legislativo para analizar los cambios a fondo y ser más precisos en la solicitud que harán a los ministros de la Suprema Corte.

Las observaciones serán en algunos puntos en los que hubo cambios de forma y o de fondo, como aquellos que están relacionados con la Ley de Ingresos, que perjudica a la Secretaría de Movilidad y Transporte con programas y otras acciones, destacó el funcionario.

Fue realmente muy poco lo que cambió el Congreso de los señalamientos realizados, señaló Gerardo López, tampoco hubo respuesta hacia los municipios a los que no se les asignó dinero para obra pública y será los presidentes municipales quienes realicen sus propias acciones jurídicas.

“Y procederemos pero necesitamos analizar cuáles fueron las modificaciones que hicieron sobre todo algunas modificaciones de forma, no de fondo que nosotros estábamos observando me parece que no hubo cambios sustanciales; sigue la distribución de fondos, solo para algunos municipios”, insistió.

En cuanto lleguen los dictámenes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos el análisis será hecho y la solicitud de la controversia constitucional será solicitada porque siguen dándose las afectaciones en varios rubros.

De momento, destacó López Huérfano, no hay mucho que decir y solamente se espera la documentación, se tienen algunos datos sobre el actuar de los diputados y con ello se ha iniciado la redacción sobre la postura jurídica del Ejecutivo estatal.

El funcionario señaló que la controversia constitucional prácticamente está lista, únicamente esperan que el Poder Legislativo local cumpla con los tiempos y acudan hacia la Ciudad de México a llevar el documento de impugnación constitucional.



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