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Veintisiete personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Atlacholoaya, han muerto en lo que va del año, por enfermedad, suicidios o al estar involucrados en riñas y motines. En 2019, organizaciones no gubernamentales denunciaron que 10 internos habían sido asesinados en dicho penal, luego de que el Centro Penitenciario reprobó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al haber obtenido una calificación de 5.98.
La CNDH comprobó que existían un autogobierno al interior del penal; bandas delictivas, cobros y extorsiones, además de sobornos, generaban un ambiente enardecido entre su población, lo que se reflejaba a través de las constantes riñas e intentos de motín.
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El 20 de marzo de este año, en el penal de Atlacholoaya, un grupo de internos, tras someter a unos custodios, se apoderaron de un camión de basura cuando ingresó a recoger los desechos y escaparon en él; en el intento de huida chocaron contra un muro en la colonia Lázaro Cárdenas, de Xochitepec. En los hechos murieron tres internos, diez más resultaron heridos. Dos reos lograron darse a la fuga.
Tras este intento de fuga, a finales del mismo mes de marzo las autoridades penitenciarias realizaron el traslado a distintos penales federales del país de 30 internos peligrosos; asimismo, el ocho de octubre, otros siete internos fueron trasladados a diferentes cárceles distritales del estado, situación que provocó un intento de riña, registrándose en medio de estas situaciones la muerte de un interno por paro cardiaco a consecuencia de un padecimiento de tuberculosis, caso que está siendo investigado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor).
Este mismo año, el 1 de julio, el penal fue escenario de una riña más, la novena del año, de acuerdo con recuentos informativos, con un saldo de cuatro muertos y tres heridos.
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Sin embargo, la violencia registrada en el penal había cobrado ya la vida de una persona el pasado 29 de octubre de 2019 y siete personas heridas; dos, de gravedad. Al día siguiente, un segundo enfrentamiento dejó seis reos muertos y dos heridos.
Esto trajo como consecuencia que un día después, el 31 de octubre de 2019, personal administrativo y custodios exigieran el cese de la directora de Centros Penitenciarios, Miriam Mireles Toledo, del director General Operativo, Raúl Colín Martínez y del Director General de Reinserción Social Alejandro Cornejo Ramos.
Semanas después, el 21 de noviembre de 2019, otro enfrentamiento ocurrió. En aquella ocasión dos internos perdieron la vida y 10 más resultaron heridos, uno de los finados fue identificado como jefe de una organización criminal.
Por todo lo anterior organizaciones no gubernamentales, coinciden con abogados al señalar que a consecuencia de la desbordada corrupción e impunidad que se registra en el Penal de Atlacholoaya y que se traduce en graves violaciones a los derechos humanos, generan el riesgo latente de una fuga masiva, en medio de sangrientos enfrentamientos que seguirán costando vidas, porque al parecer a las autoridades penitenciarias y gubernamentales no les interesa poner orden en este centro de reclusión.
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