/ lunes 5 de diciembre de 2022

Hacinamiento, sin solución en Morelos

Autoridades reconocen una sobrepoblación en penales de 48%; el nuevo centro de arraigo poco abonará a la problemática

Derivado del hacinamiento provocado principalmente por personas en prisión preventiva, en 2023 empezará a funcionar el Centro de Arraigo en un predio donado por la Fiscalía General de la República, en el que se invirtieron 200 millones de pesos; no obstante, sólo tendrá capacidad para 800 personas bajo proceso en su primera etapa y en la segunda se ampliará a 400 más; sin embargo, poco abonará a la sobrepoblación que prevalece en las cárceles del estado de Morelos.

De acuerdo con el último informe sobre la situación en cárceles de Morelos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), la población total de personas privadas de la libertad es de 3 mil 929 personas, de las cuales 2 mil 527 han recibido una sentencia, mientras que mil 402 se encuentran en el proceso judicial.

En el resultado de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en Morelos las cárceles se encuentran por encima de su capacidad, pues existen 2 mil 727 camas útiles, lo que significa que se encuentran rebasadas en un 48 por ciento, lo que coloca a la entidad en el tercer lugar a nivel país de hacinamiento.

En días pasados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea, aceptó que en el estado 60 por ciento de las personas sin sentencia está bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, y el 40 por ciento, en prisión preventiva justificada.

Frente a ello, los encargados de reinserción social en Morelos confían que las disposiciones aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 24 de noviembre determinó desaparecer la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación, así como de quienes compran y venden facturas, ayude a la despresurización de las cárceles en la entidad.

Hay 1,584 presos más en 2022

De enero a septiembre de 2022 la Comisión Estatal de Seguridad (CES) reportó mil 41 detenciones en flagrancia a personas que cometieron algún delito de alto impacto, mientras que la Fiscalía General del Estado obtuvo 543 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales. Los detenidos se mantuvieron en prisión preventiva, generando una saturación de hasta 15 por ciento en las cárceles de Cuautla y Xochitepec, principalmente.

El 9 de noviembre de 2022, en su comparecencia ante diputados locales, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, dio cifras sobre las detenciones en flagrancia. De éstas, el 60 por ciento fue por robo en todas sus modalidades, 10 por ciento por homicidio, 15 por ciento por portación ilegal de droga, 14 por ciento por asalto a particulares y 1 por ciento por feminicidio. De esta cifra, el 92 por ciento son hombres y el 8 por ciento restante, mujeres.

A su vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró 543 órdenes de captura de igual número de personas, ya sea por la comisión de delitos de homicidio, secuestro, robo, fraude, delitos inmobiliarios y deudores alimentarios, según datos de su titular Uriel Carmona Gándara.

Todos ellos fueron trasladados a los penales de Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Jonacatepec y al Cempla.

Prevalece pugna por el control de penales

La sobresaturación en los centros de reinserción social provoca violencia y autogobierno por la pugna en el control del mismo, revela el diagnóstico estatal de reinserción social elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en octubre de 2022.

En lo que va del año, el organismo defensor de los derechos humanos en la entidad ha emitido tres recomendaciones a las autoridades encargadas del sistema penitenciario en Morelos y una más proveniente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); dos fueron por abuso y hacinamiento en las cárceles, una más por las quejas de familiares de internos, mientras que la CNDH solicitó impulsar la industria penitenciaria como una manera de disminuir el estrés de los reos y evitar más enfrentamientos.

La Coordinación Estatal de Reinserción Social de Morelos respondió que las cuatro recomendaciones serán resueltas paulatinamente, con la despresurización de los edificios.



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Derivado del hacinamiento provocado principalmente por personas en prisión preventiva, en 2023 empezará a funcionar el Centro de Arraigo en un predio donado por la Fiscalía General de la República, en el que se invirtieron 200 millones de pesos; no obstante, sólo tendrá capacidad para 800 personas bajo proceso en su primera etapa y en la segunda se ampliará a 400 más; sin embargo, poco abonará a la sobrepoblación que prevalece en las cárceles del estado de Morelos.

De acuerdo con el último informe sobre la situación en cárceles de Morelos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), la población total de personas privadas de la libertad es de 3 mil 929 personas, de las cuales 2 mil 527 han recibido una sentencia, mientras que mil 402 se encuentran en el proceso judicial.

En el resultado de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en Morelos las cárceles se encuentran por encima de su capacidad, pues existen 2 mil 727 camas útiles, lo que significa que se encuentran rebasadas en un 48 por ciento, lo que coloca a la entidad en el tercer lugar a nivel país de hacinamiento.

En días pasados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea, aceptó que en el estado 60 por ciento de las personas sin sentencia está bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, y el 40 por ciento, en prisión preventiva justificada.

Frente a ello, los encargados de reinserción social en Morelos confían que las disposiciones aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 24 de noviembre determinó desaparecer la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación, así como de quienes compran y venden facturas, ayude a la despresurización de las cárceles en la entidad.

Hay 1,584 presos más en 2022

De enero a septiembre de 2022 la Comisión Estatal de Seguridad (CES) reportó mil 41 detenciones en flagrancia a personas que cometieron algún delito de alto impacto, mientras que la Fiscalía General del Estado obtuvo 543 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales. Los detenidos se mantuvieron en prisión preventiva, generando una saturación de hasta 15 por ciento en las cárceles de Cuautla y Xochitepec, principalmente.

El 9 de noviembre de 2022, en su comparecencia ante diputados locales, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, dio cifras sobre las detenciones en flagrancia. De éstas, el 60 por ciento fue por robo en todas sus modalidades, 10 por ciento por homicidio, 15 por ciento por portación ilegal de droga, 14 por ciento por asalto a particulares y 1 por ciento por feminicidio. De esta cifra, el 92 por ciento son hombres y el 8 por ciento restante, mujeres.

A su vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró 543 órdenes de captura de igual número de personas, ya sea por la comisión de delitos de homicidio, secuestro, robo, fraude, delitos inmobiliarios y deudores alimentarios, según datos de su titular Uriel Carmona Gándara.

Todos ellos fueron trasladados a los penales de Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Jonacatepec y al Cempla.

Prevalece pugna por el control de penales

La sobresaturación en los centros de reinserción social provoca violencia y autogobierno por la pugna en el control del mismo, revela el diagnóstico estatal de reinserción social elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en octubre de 2022.

En lo que va del año, el organismo defensor de los derechos humanos en la entidad ha emitido tres recomendaciones a las autoridades encargadas del sistema penitenciario en Morelos y una más proveniente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); dos fueron por abuso y hacinamiento en las cárceles, una más por las quejas de familiares de internos, mientras que la CNDH solicitó impulsar la industria penitenciaria como una manera de disminuir el estrés de los reos y evitar más enfrentamientos.

La Coordinación Estatal de Reinserción Social de Morelos respondió que las cuatro recomendaciones serán resueltas paulatinamente, con la despresurización de los edificios.



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