La Barra de Abogados del Estado de Morelos promoverá un juicio político en el Congreso de la Unión en contra de los diputados locales que integran el denominado G-15 luego de la asignación de las 10 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizadas recientemente.
Migue Ángel Rosete Flores, expresidente del organismo, manifestó que los legisladores violentaron el artículo 116 de la Constitución Mexicana, que establecen los requisitos para llevar a cabo las designaciones.
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Asimismo, consideró que se violentó la honorabilidad del proceso por diversas polémicas, sumado a que se debe dar el beneficio a la carrera judicial, misma que, asegura, no fue considerada al momento de las designaciones.
“Los diputados del Congreso del estado, en específico los del grupo G-15, violentaron el artículo 116 de nuestra Constitución federal, específicamente en el apartado dónde se establece el proceso para designar a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ)”.
Señaló que irán al Congreso federal para que sean los legisladores de San Lázaro quienes inicien con el procedimiento de juicio político específicamente contra los integrantes del G-15, y agregó que por cuanto hace al gobierno del estado, que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitarán que interponga la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que el proceso estaba viciado con ciertas irregularidades e inclusive con lagunas legales, por lo apresurado del procedimiento, además de que tuvo otras observaciones como la presunta venta de estos espacios en 5 millones de pesos, situación que investiga la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
“Asimismo se solicitará que el Ejecutivo del estado promueva Controversia Constitucional contra estas designaciones que inclusive no han sido publicadas, hay una irregularidad, hay un vicio, y hay una laguna legal en este proceso legislativo”, expresó.
Finalmente, señaló que como aspirante buscará promover un juicio de amparo contra las designaciones, tal como otras personas que no fueron designadas plantean realizar, luego de lo anterior expuesto.