Con un gesto adusto y frío, mientras fue Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam repitió una y otra vez que los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula. Era su verdad histórica y se cansó -literalmente- repitiéndola.
Los padres y madres de esos jóvenes no le creyeron; sin la verdad de los hechos y sin responsables de aquella ominosa noche, para ellos el tiempo se detuvo en septiembre de 2014.
Hoy, la oscuridad comienza a disiparse. Hemos conocido por la Fiscalía General de la República (FGR) que los restos de uno de los estudiantes de Atyotzinapa desaparecidos de manera forzosa, fueron encontrados en una fosa clandestina en una zona por el rumbo del basurero de Cocula.
La verdad histórica que había venido derrumbándose, está hecha polvo. Queda claro que Murillo Karam, el Procurador de Peña Nieto, quería cerrar a como diera lugar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos esa madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Como testigo de las omisiones y la manipulación de aquel gobierno federal, queda la exigencia de una investigación científica e imparcial por parte de las familias de los estudiantes y organizaciones como Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro, por la CNDH, la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Ellos no se cansaron de desmentir a Murillo Karam, porque era incomprensible que el gobierno federal, y particularmente el ex presidente Peña Nieto, no fueran al fondo del caso, topase contra quien topase.
La supuesta incineración masiva era científicamente cuestionable, como lo reiteraron las investigaciones independientes del GIEI; pero los “peritajes” oficiales insistieron en la postura oficial.
Esa conclusión tan dudosa ha sido retomada por la FGR y todo indica que Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal y principal operador de Murillo Karam, será presentado ante la autoridad para que rinda cuentas.
Sin embargo, los tratados en materia desaparición forzada y la ley mexicana son enfáticos al señalar que en un delito de estas características tiene responsabilidad penal la cadena de mando.
En casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, de evidente grave violación a los derechos humanos, las autoridades -desde el perito forense hasta el Fiscal general y su superior jerárquico- están obligadas a actuar en contra los perpetradores de estos delitos, que son imprescriptibles y que podrían estar inscritos en la definición de delitos de lesa humanidad, no hacerlo implica responsabilidad penal.
Más allá de que la interpretación del Estatuto de Roma pudiera quizá aplicarse a este caso, la cadena de mando en la manipulación de la investigación alcanza al ex presidente Enrique Peña Nieto.
Quienes llegan a los cargos de poder deben saber que no gozarán de impunidad, sus hechos tendrán consecuencias, se les exigirán cuentas, verdad y justicia. Y todo indica la “verdad histórica” del sexenio pasado es una mentira inventada para proteger intereses oscuros relacionados con el quinto camión secuestrado por los estudiantes y que Murillo desapareció.
¿A quiénes se buscó proteger y mantener ocultos de la luz pública, además de los cárteles que asolan la región?
El gobierno ha dicho que la verdad de este caso es una prioridad, ojalá le cumplan a los 43 y a sus familias.
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