/ domingo 16 de mayo de 2021

Violencia electoral y de la otra

El homicidio del hermano de una candidata a la alcaldía de Cuautla podría concebirse como parte de la ola de violencia que agobia a los morelenses y que ha rebasado a las autoridades de seguridad desde hace muchos meses; o como un atentado directo sobre una opción polìtica que lastima además de a la familia de la vìctima, a las posibilidades de los ciudadanos para conocer las alternativas polìticas. Al final, las dos visiones resultan correctas en términos de las circunstancias y efectos del crimen.

Por un lado, el crimen se suma a la aparentemente incontenible sucesión de acontecimientos violentos que se acumulan en expedientes con más del 98 por ciento de impunidad. La incapacidad de las autoridades para ofrecer condiciones mínimas de seguridad a los morelenses contrasta con la actitud triunfalista del gobierno y la fiscalìa estatales que aseguran estar trabajando para contener los índices delictivos. La apuesta a una estrategia evidentemente fallida en materia de seguridad pareciera mantenerse justamente por el reconocimiento de sus fallas: se asume que el problema tiene que ver con la escasa coordinación de las fuerzas policiales, particularmente con los municipios a quienes además se acusa, desde el gobierno estatal de ser omisos en su responsabilidad de prevenir los delitos. Es decir, se sigue con la misma estrategia porque a final de cuentas se puede culpar a los demás de cada uno de los fallos, a final de cuentas, todos los hechos violentos ocurren en algún municipio y por lo mismo pueden atribuirse a la responsabilidad de un alcalde (y así se procura).

Por otra parte, el homicidio representa una lesión directa contra la oferta polìtica a la que los morelenses deberíamos tener acceso. La eliminación, aunque sea momentánea, de una candidata significa una inequidad más en una contienda que ha sido bastante desequilibrada. Peor todavía, no es el primer caso que se presenta, aunque sí uno de los más graves. Todos los días conocemos de candidatos o equipos de campaña amenazados o de plano agredidos por personas o grupos. Las campañas negativas en redes sociales, la aparición de libelos y mantas amenazantes en redes sociales se ha convertido muy pronto en parte cotidiana de contiendas que, por lo demás, no prenden a nadie.

Las campañas de odio contra candidatas, particularmente, resultan doblemente peligrosas porque las mujeres siguen siendo la mayor concentración de víctimas de violencia política. La constancia y el tesón con que en Morelos se intenta limitar todos los días la participación de las mujeres en las instituciones, empresas y hogares es probablemente una de las más lamentables características de la política local, un ejercicio que, por cierto, no tiene nada para presumir en ninguna otra latitud.

La urgencia de ofrecer una contienda electoral en condiciones seguras para todos los participantes es idéntica en grado a la que tenemos los morelenses para vivir sin violencia. Frente a estas dos condicionantes para la paz en el estado, resulta infame el carácter silente de un gobierno determinado a no involucrarse sino en aquello que le genere dividendos inmediatos sin representarle costo alguno, como ha hecho durante demasiados meses.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

El homicidio del hermano de una candidata a la alcaldía de Cuautla podría concebirse como parte de la ola de violencia que agobia a los morelenses y que ha rebasado a las autoridades de seguridad desde hace muchos meses; o como un atentado directo sobre una opción polìtica que lastima además de a la familia de la vìctima, a las posibilidades de los ciudadanos para conocer las alternativas polìticas. Al final, las dos visiones resultan correctas en términos de las circunstancias y efectos del crimen.

Por un lado, el crimen se suma a la aparentemente incontenible sucesión de acontecimientos violentos que se acumulan en expedientes con más del 98 por ciento de impunidad. La incapacidad de las autoridades para ofrecer condiciones mínimas de seguridad a los morelenses contrasta con la actitud triunfalista del gobierno y la fiscalìa estatales que aseguran estar trabajando para contener los índices delictivos. La apuesta a una estrategia evidentemente fallida en materia de seguridad pareciera mantenerse justamente por el reconocimiento de sus fallas: se asume que el problema tiene que ver con la escasa coordinación de las fuerzas policiales, particularmente con los municipios a quienes además se acusa, desde el gobierno estatal de ser omisos en su responsabilidad de prevenir los delitos. Es decir, se sigue con la misma estrategia porque a final de cuentas se puede culpar a los demás de cada uno de los fallos, a final de cuentas, todos los hechos violentos ocurren en algún municipio y por lo mismo pueden atribuirse a la responsabilidad de un alcalde (y así se procura).

Por otra parte, el homicidio representa una lesión directa contra la oferta polìtica a la que los morelenses deberíamos tener acceso. La eliminación, aunque sea momentánea, de una candidata significa una inequidad más en una contienda que ha sido bastante desequilibrada. Peor todavía, no es el primer caso que se presenta, aunque sí uno de los más graves. Todos los días conocemos de candidatos o equipos de campaña amenazados o de plano agredidos por personas o grupos. Las campañas negativas en redes sociales, la aparición de libelos y mantas amenazantes en redes sociales se ha convertido muy pronto en parte cotidiana de contiendas que, por lo demás, no prenden a nadie.

Las campañas de odio contra candidatas, particularmente, resultan doblemente peligrosas porque las mujeres siguen siendo la mayor concentración de víctimas de violencia política. La constancia y el tesón con que en Morelos se intenta limitar todos los días la participación de las mujeres en las instituciones, empresas y hogares es probablemente una de las más lamentables características de la política local, un ejercicio que, por cierto, no tiene nada para presumir en ninguna otra latitud.

La urgencia de ofrecer una contienda electoral en condiciones seguras para todos los participantes es idéntica en grado a la que tenemos los morelenses para vivir sin violencia. Frente a estas dos condicionantes para la paz en el estado, resulta infame el carácter silente de un gobierno determinado a no involucrarse sino en aquello que le genere dividendos inmediatos sin representarle costo alguno, como ha hecho durante demasiados meses.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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