Mi generación llevó civismo como asignatura en la primaria. El objetivo de esa materia era impartir las nociones básicas indispensables para la construcción de ciudadanía. Entre los conceptos fundamentales que nos inculcaron fue que México es una República constituida por las entidades estatales, que en ejercicio de su soberanía pactaron asociarse en una Federación bajo los términos plasmados en la Constitución.
Algo equivalente a los propietarios de un condominio quienes, sin perjuicio de su propiedad individual, se asocian para la gestión del espacio común y emiten unos estatutos. Como asociación están en todo el derecho de nombrar un administrador y es obligación del administrador consultar a los dueños cómo y en qué gastar su dinero, lo cual además debe hacer con honestidad y transparencia.
Para la toma de decisiones los vecinos se organizan en asamblea. Para resolver conflictos, la asamblea designa a unos pocos de sus integrantes para conformar un cómite que, gozando de total autonomía, tendrá como función velar porque se cumplan los estatutos.
Imagínen que un mal día el administrador deja de rendir cuentas del uso del dinero que se colecta de sus cuotas y todo indica que lo está usando para construir un edificio en el jardín del condominio.
Peor aún, resulta que la mitad de sus vecinos ya lo sabía. Obviamente, quienes estaban enterados del uso discrecional de los recursos también están de acuerdo con que el adminstrador ya no rinda cuentas, incurriendo en conflicto de interés y posiblemente en algo más grave, inclusive cometiendo un delito.
En ejercicio de sus derechos, los vecinos inconformes le piden al comité creado para ese fin que le exiga al administrador que rinda cuentas tal como lo detallan los estatutos, a lo cuál el comité resuelve favorablemente.
Para la sorpresa de todos, en lugar de acatar la resolución, el administrador se rebela, persiste en su negativa a rendir cuentas y comienza una campaña de desprestigio (también pagada con su dinero) contra los integrantes del comité.
Es más, una vez descubiertos, algunos de los vecinos se suman abiertamente a la campaña de desprestigio contra el comité y no falta el solícito que hasta trampas les tienda con la intención de acorrarlarlos.
En la vida real, el condominio es el Estado Mexicano, los condóminos son los gobiernos de los estados y el administrador es el presidente, con la salvedad de que en lugar de ser nombrado por los gobernadores, es electo directamente por todos los habitantes del condominio, los cuales somos los ciudadanos mexicanos.
El establecimiento de tres figuras independientes entre ellas como son la asamblea, la administración y el comité corresponde a la división de poderes plasmada en la Constitución y sus equivalentes son el Congreso de la Unión, la presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia. Ninguno de los poderes es superior al otro, por cierto.
Percibo con preocupación que la falta de educación cívica ha mermado nuestro entendimiento sobre temas vitales para nuestra subsistencia política, dando lugar a la prevalencia de las opiniones y la polarización del discurso.
¿Es mucho pedir que vuelva el civismo a las aulas? Por el bien de todos, primero el Estado.
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