Para el sector de la investigación científica, el año que termina se vio marcado por la publicación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La facultad de promulgar leyes es exclusiva del Poder Legislativo y fue allí donde se llevaron a cabo las diferentes fases de lo que al final resultó un proceso viciado que ha sumido al sector científico en la incertidumbre.
Todo comienza el 15 de mayo de 2020 cuando se modifica el artículo 3o Constitucional para, entre otras adecuaciones, incorporar en su fracción V el derecho humano al beneficio del conocimiento científico y de la tecnología. En los transitorios de la modificación se emite el mandato para que en los siguientes meses se elaboraran dos leyes generales, la de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La elaboración de la de Educación Superior fue coordinada por la Secretaría de Educación Pública mediante una serie de foros de consulta y una mesa de redacción plural. Como resultado, la Ley se publicó en tiempo y forma y aunque prevalecen algunos aspectos mejorables, no fue impugnada por nadie.
La de Ciencia no tuvo tanta suerte. En contraste con la actitud de la SEP, el Conacyt se cerró a la realización de foros de consulta y retrasó por años la instalación de una mesa de redacción. En el camino, otros grupos hicieron su trabajo de manera independiente.
Las Redes ProCienciaMx y la Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología elaboraron sendas propuestas que al final fueron concentradas en un solo documento que se presentó en el Senado de la República en abril de 2021. Por su lado, un grupo de diputados de la LXV legislatura elaboró un proyecto que ingresó por esa vía a mediados de 2022.
Pero no fue sino hasta diciembre de 2022, unos días antes del periodo vacacional, que el Conacyt finalmente presentó lo que sería su proyecto de Ley de Ciencia. En los siguientes meses se activaron las mesas de análisis sobre este documento. Mientras que las oficialistas celebraban su visión, las críticas hicieron una serie de observaciones de fondo que, de haber sido atendidas, no estaríamos donde estamos.
En resumen, las fallas fundamentales de la iniciativa del Conacyt consisten en la carencia de mecanismos de coordinación entre ordenes de gobierno, el control de los cuerpos de consulta y participación, la falta de un esquema funcional de fomento y de instrumentos para el financiamiento, la sustución de criterios académicos objetivos por otros discrecionales para la evaluación de proyectos y postulaciones, y una sobreregulación general del sector desde el gobierno federal.
A pesar del compromiso de la Cámara de Diputados de llevar a cabo siete parlamentos abiertos, solo se pudieron realizar dos antes de que llegara la orden de suspender los trabajos y, además, de no incorporar ninguna de las cientos de propuestas de mejora recibidas. Por cuestión de tiempos, la Ley de Ciencia se integró al paquete de legislaciones que fueron sujetas a lo que conocemos ya como el Viernes Negro, cuando la fracción de Morena y aliados en la Cámara de Senadores aprobaron masivamente versiones oficiales como les gusta en Palacio Nacional, "sin moverles ni una coma".
A partir de allí todo ha sido un desastre. El Conacyt le incorporó una H a su nombre y al de la Ley y comenzó a hacer cambios a máxima velocidad que consisten en la modificación de su junta directiva para incorporar al Ejército y a la Marina, la toma de control de todos los Centros Públicos de Investigación, la centralización en la toma de decisiones a nivel nacional, entre otros. La urgencia proviene de que se han ingresado al Poder Judicial más de 700 amparos individuales, acciones de inconstitucionalidad por parte de gobiernos estatales, así como de las Cámaras de Diputados y Senadores los cuales siguen su curso legal.
El escenario es ominoso. Si queda vigente la Ley de Ciencias con H, quien quede al cargo del Conacyt estará sujeto a una serie de restricciones ideológicas que le impedirán el correcto desempeño de su labor. Si se deroga, entraremos en un espacio de gran incertidumbre pues la elaboración de una nueva Ley podría llevarse un par de años.
Cuando México más necesita un marco legal moderno que le permita abordar desafíos inevitables como el cambio climático, la crisis alimentaria, la inteligencia artificial y el desarrollo de plataformas tecnológicas de vanguardia, el Conacyt con H nos hizo retroceder 25 años.
Por cierto, ¿ya revisaron la vigencia de su credencial del INE? No dejen de hacerlo, la Nación los necesita.
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