El pasado sábado se llevó a cabo una expresión pública de rechazo a la imposición de un nuevo director en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, un centro de investigación público adscrito al Conacyt.
Entre las demandas que se escucharon de parte de más de un millar de participantes en la marcha hubo una especialmente importante y corresponde a las restricciones a la libertad académica pregonadas por el nuevo director, un tema que ya hemos tratado en este espacio y que nos es de vital importancia al sector de la investigación.
La libertad académica es, además de una prerrogativa de los investigadores, un componente funcional de una democracia y en nuestro país está consagrada en la Constitución dentro la fracción VII del artículo 3o dedicado a las instituciones que gocen de Autonomía como son la UNAM a nivel nacional y las universidades estatales.
Sin embargo, no todos los investigadores en México están adscritos a instituciones autónomas. De acuerdo al padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores, la mitad de los investigadores mexicanos laboran en instituciones que no cuentan con con el amparo de la autonomía y, por lo tanto, no gozan de la garantía constitucional para el ejercicio de la libertad académica. Entre estas instituciones se encuentan el Instituto Politécnico Nacional, las Universidades Politécnicas y Tecnológicas, los Institutos Federales de Investigación y los Centros Públicos de Investigación.
En un sistema democrático, esta situación puede ser compensada por mecanismos internos que permitan el disfrute de facto de la libertad académica en instituciones no autónomas y comprende la constitución de órganos colegiados con representación de la planta de investigación con voz y voto para la toma de decisiones, la flexibilidad en la impartición de la curricula docente, la disponibilidad de recursos para la investigación sin restricciones temáticas o ideológicas, entre otros.
Mientras algunas instituciones habían establecido con éxito estos mecanismos compensatorios vemos con mucha preocupación la acumulación de una serie de señales que nos hacen temer por su pérdida pero también por el debilitamiento de la autonomía universitaria.
Por un lado, se encuentra la presión del gobierno federal para que las universidades autónomas declinen de manera voluntaria algunas prerrogativas conferidas por su autonomía como es la selección de estudiantes de nuevo ingreso usando el presupuesto como ariete.
Por otro lado, la desaparición del Fondo de Ciencia Básica SEP-Conacyt, que era el único mecanismo nacional para el financiamiento de la investigación sin orientación temática, nos lleva a la necesidad de concentrar nuestras líneas de investigación en menos de una docena de temas conocidos como PRONACES.
Finalmente, la desaparición de facto del Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC como un mecanismo de control de calidad del posgrado en México tendrá enormes consecuencias en la futura valoración laboral de nuestros egresados.
Lo que ocurre ahora en el CIDE es la expresión visible de una estrategia más amplia de redefinición de la investigación en nuestro país. Sin recursos, sin posiblidad de controlar el ingreso de nuevos estudiantes o la currícula de los ya inscritos, acotados a una docena de temas pre establecidos, con constantes descalificaciones en medios oficialistas, la investigación en México peligra y, en consecuencia, se debilita la calidad de nuestra democracia. Por eso, defender al CIDE es defender a México.
Para quienes quieran saber más de este tema y quizá consultar cómo le ha ido a México en los últimos años les recomiendo el sitio Varieties of Democracy http://v-dem.net
Para información adicional de éste y otros temas de interés visiten:
Reivindicando a Plutón o Brenda Valderrama en Facebook
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