/ miércoles 31 de marzo de 2021

Partidos contra los árbitros

La ofensiva de partidos políticos en contra de los órganos electorales nacional y locales es evidente y no tiene más razón que desgastar la confiabilidad en un proceso electoral que hace unos meses se consideraba bastante resuelto. El desgaste enorme que los partidos políticos en general han sufrido después de los procesos en que designaron a sus candidatos en los procesos locales y federal, aparentemente ha provocado un reacomodo de fuerzas que preocupan a los partidos.

Si a la condición de incertidumbre deseable en las campañas políticas sumamos la proclividad de los políticos en general a torcer las reglas en su beneficio, y el endurecimiento que resultaba bastante necesario en el Instituto Nacional Electoral y los órganos comiciales locales, se gestó una combinación que tiene a partidos políticos movilizándose contra un árbitro que ha aplicado la norma jurídica y las sanciones en ella contenidas a quienes la violan. Porque en términos claros, candidatos y dirigentes de Morena, Redes Sociales Progresistas, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Encuentro Solidario y Acción Nacional, en el plano nacional, y en el local, Futuro, Socialdemócrata de Morelos, Más Más Apoyo Social, Renovación Política Morelense, Partido Encuentro Social Morelos, Podemos, Movimiento Alternativa Social, Partido Morelos Progresa y Nueva Alianza Morelos, violaron las normas para la fiscalización de las precampañas; adicionalmente, Futuro y el Socialdemócrata de Morelos, incumplieron los plazos de registro de candidaturas y sus dirigencias se han quejado de que no se amplió nuevamente el plazo para cumplir los trámites, ambos se manifestaron por separado pero públicamente frente al Impepac.

La cancelación de registros de candidaturas por incumplir obligaciones de fiscalización podría parecer un exceso para algunos, pero es la sanción establecida en la ley y su aplicación no tendría que ser cuestionada. Las movilizaciones multitudinarias para torcer la ley hacen a uno pensar ¿Y no habría entre todos alguien que supiera cómo registrar a sus candidatos a tiempo? ¿entre todos los que movilizó, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio en Chilpancingo, no había un par de contadores que pudieran hacer los reportes de fiscalización de sus gastos de precampaña, un par de abogados que le explicaran que la propaganda para ser candidato sin importar el método de selección de cada partido, es gasto de precampaña? ¿No es más fácil usar los recursos humanos para cumplir las normas y no para presionar su incumplimiento?

El problema es de mañas, de pésimos hábitos, de apuestas abusivas que evidencian la escasa voluntad de los políticos acatar la ley desde que son candidatos. Bajo esa premisa, cómo podría confiarse en que se apeguen a las normas jurídicas si resultaren electos. No se trata de un detalle menor, como algunos quisieran hacerlo ver. La estricta fiscalización del INE sobre las precampañas y campañas permite detectar a quienes usan fuentes de financiamiento ilegal, a quienes rebasan topes de campaña, a quienes violan la ley y desequilibran los principios de equidad de las contiendas. No es el INE, ni los OPLEs, es la norma con la que construimos la democracia, contra ella van.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La ofensiva de partidos políticos en contra de los órganos electorales nacional y locales es evidente y no tiene más razón que desgastar la confiabilidad en un proceso electoral que hace unos meses se consideraba bastante resuelto. El desgaste enorme que los partidos políticos en general han sufrido después de los procesos en que designaron a sus candidatos en los procesos locales y federal, aparentemente ha provocado un reacomodo de fuerzas que preocupan a los partidos.

Si a la condición de incertidumbre deseable en las campañas políticas sumamos la proclividad de los políticos en general a torcer las reglas en su beneficio, y el endurecimiento que resultaba bastante necesario en el Instituto Nacional Electoral y los órganos comiciales locales, se gestó una combinación que tiene a partidos políticos movilizándose contra un árbitro que ha aplicado la norma jurídica y las sanciones en ella contenidas a quienes la violan. Porque en términos claros, candidatos y dirigentes de Morena, Redes Sociales Progresistas, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Encuentro Solidario y Acción Nacional, en el plano nacional, y en el local, Futuro, Socialdemócrata de Morelos, Más Más Apoyo Social, Renovación Política Morelense, Partido Encuentro Social Morelos, Podemos, Movimiento Alternativa Social, Partido Morelos Progresa y Nueva Alianza Morelos, violaron las normas para la fiscalización de las precampañas; adicionalmente, Futuro y el Socialdemócrata de Morelos, incumplieron los plazos de registro de candidaturas y sus dirigencias se han quejado de que no se amplió nuevamente el plazo para cumplir los trámites, ambos se manifestaron por separado pero públicamente frente al Impepac.

La cancelación de registros de candidaturas por incumplir obligaciones de fiscalización podría parecer un exceso para algunos, pero es la sanción establecida en la ley y su aplicación no tendría que ser cuestionada. Las movilizaciones multitudinarias para torcer la ley hacen a uno pensar ¿Y no habría entre todos alguien que supiera cómo registrar a sus candidatos a tiempo? ¿entre todos los que movilizó, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio en Chilpancingo, no había un par de contadores que pudieran hacer los reportes de fiscalización de sus gastos de precampaña, un par de abogados que le explicaran que la propaganda para ser candidato sin importar el método de selección de cada partido, es gasto de precampaña? ¿No es más fácil usar los recursos humanos para cumplir las normas y no para presionar su incumplimiento?

El problema es de mañas, de pésimos hábitos, de apuestas abusivas que evidencian la escasa voluntad de los políticos acatar la ley desde que son candidatos. Bajo esa premisa, cómo podría confiarse en que se apeguen a las normas jurídicas si resultaren electos. No se trata de un detalle menor, como algunos quisieran hacerlo ver. La estricta fiscalización del INE sobre las precampañas y campañas permite detectar a quienes usan fuentes de financiamiento ilegal, a quienes rebasan topes de campaña, a quienes violan la ley y desequilibran los principios de equidad de las contiendas. No es el INE, ni los OPLEs, es la norma con la que construimos la democracia, contra ella van.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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