Seguramente no es muy positiva. Saben, por sus padres y porque lo han vivido, que a ellos poco o nada, se les ha tomado en cuenta. Por fortuna en los últimos años las cosas han venido cambiando.
La juventud está ejerciendo su ciudadanía de manera distinta. Se han ganado muchos espacios para ser escuchados, pero, sobre todo, para conocer sus preocupaciones y prioridades, para entenderlos y debatir con ellos.
El pasado miércoles 27, desde el Senado de la República, iniciamos el Primer Parlamento Abierto que tiene el objetivo sumar voluntades y, de manera conjunta, iniciar un proceso legislativo, político y social para aprobar la primera Ley General de la Juventud.
El primer encuentro se llevó a cabo en la vieja casona Xicoténcatl, bello edificio que fuera la sede del Senado de la República, pero de la misma manera en otras entidades del país vamos a llevar a cabo más foros con esta misma temática.
Durante el encuentro una demanda generalizada de todos y cada uno de los participantes fue que los jóvenes deben ser insertados en el desarrollo nacional y vincularlos en el proceso legislativo, pero, particularmente, porque deben ser ellos los actores principales en la creación de la Ley General de la Juventud.
Su opinión y visión es fundamental, por lo que nuestro compromiso es trabajar juntos, jóvenes, especialistas, académicos y legisladores a fin de dialogar y discutir la nueva ley.
Las aportaciones de ponentes en el Parlamento Abierto de las Juventudes, como las de la propia presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Arie Hoekman, representante en México y director para Cuba y República Dominicana de la ONU y del Coordinador de la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Dr. René Leyva Flores, son relevantes para el objetivo que nos hemos trazado.
Lo mismo las exposiciones como la del sociólogo Héctor Castillo Berthier y la del Secretario Académico del Centro Nacional de Derechos Humanos, Braulio Ramírez Reynoso, quienes tocaron diversos temas que debemos atender a la hora de legislar: pobreza, educación, empleo, oportunidades, sexualidad, salud, abandono social, respeto y reconocimiento.
Se planteó la necesidad de que la juventud retome valores desde su propia casa, porque de lo contrario, los adquirirán en otros lados; se afirmó que el “sistema no funciona”, que está distante de los jóvenes y, de manera destacada, que se les deje de estigmatizar “por portación de cara”. En la redacción de la Ley de la Juventud, “se necesita de la participación de los chavos”, se exigió.
Jóvenes como Edith Estefanía Hernández Ceballos, Directora General de Políticas Públicas de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Enrique Haces Lago, de Todos Somos Uno y de la Directora de Servicios a la Juventud, Daniela Dorantes Cervantes, tuvieron una participación relevante, porque nos indicaron de viva voz y desde su óptica, hacia dónde nos debemos dirigir para configurar un código que contemple sus demandas.
Es indiscutible que la firma de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud en el 2005 por parte del Estado mexicano y las reformas constitucionales del 2011, marcaron un importante parteaguas en el tema de los derechos humanos. México tiene que ubicarse a la altura de las circunstancias juveniles y estar a la vanguardia y asumir el firme compromiso de legislar en favor de los más de 30 millones de jóvenes que hoy en día representan el 34.1 por ciento del total de la población.
Este bono demográfico no puede ser soslayado, ni desaprovechado, mucho menos condenado a la precariedad. Por ello es importante rescatar a los jóvenes de la violencia, de la falta de oportunidades, de la discriminación y de la vulnerabilidad en la que se encuentran.
Es por este motivo que la Ley General de la Juventud deberá de asegurar la protección más amplia de las libertades fundamentales a partir de la identificación de sus necesidades y problemáticas, bajo los principios de progresividad, universalidad, integralidad y convencionalidad.
Debe contemplar la transversalización, la perspectiva de género, la interculturalidad de los jóvenes y la no discriminación. Tiene que garantizar los mecanismos para la participación de los jóvenes en la toma de decisiones sobre aspectos políticos, sociales, económicos que afecten su vida.
Les dejó la liga del Parlamento Abierto para que participen en este compromiso que es de todos: www.parlamentodelasjuventudes.mx
