Una economía más o menos sana habría acercado al sector productivo morelense a la meta de crear 19 mil 200 empleos formales durante el año que terminó. La última cifra del IMSS, para el mes de diciembre, reporta apenas 2 mil 587 plazas. Es decir, el sector productivo morelense apenas pudo superar el 13% del objetivo para ofrecer empleo a miles de personas que lo requieren, por movilidad laboral, terminación de vida escolar, migración y otros factores.
La cantidad es mucho menor de las nuevas plazas ocupadas en el 2021, 7 mil 884, que tampoco se acercó a la meta de ese año; y ni siquiera sirve para reponer los más de 6 mil empleos formales que se perdieron en diciembre del 2020.
Morelos nunca ha sido campeón en la generación de empleos formales, de hecho, el mejor periodo de la historia reciente en la materia fue noviembre del 2010, con poco más de 13 mil plazas nuevas ocupadas. Esa deficiencia del sector productivo en el estado puede explicar el que más de la mitad de los trabajadores de Morelos tiene por lo menos 17 años viviendo en la informalidad laboral, (entre 61 y 66% de la fuerza productiva en el estado tiene empleos de baja calidad, y desde 2014, más de la mitad de los trabajadores padecen pobreza laboral -es decir, sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica).
Las razones de la precariedad laboral en Morelos son muy diversas, y pasan por el alto costo de la vida frente a salarios bajos; los problemas de seguridad pública; la contracción de las inversiones productivas, particularmente internas; la incertidumbre que genera el pleito político de cuatro años; las omisiones de los gobiernos para incentivar la inversión y retener a las empresas que deciden retirarse por diversos factores; las cuestiones sindicales; en fin, en las últimas décadas, por lo menos, las condiciones de la economía morelense se han deteriorado al grado de convertir a un mercado regularmente atractivo para inversionistas de todo el país, a una región en la que la apertura de un supermercado se considera una gran noticia económica.
El problema es que las malas condiciones laborales, la pobreza, la falta de empleo, se presentan no sólo como el origen del racimo de problemas de Morelos, sino como uno de los eslabones de una cadena circular que incluya la inseguridad, la baja calidad de la ciudadanía, el aletargado desarrollo social, la mediocridad gubernamental, las políticas públicas reactivas sin objetivos de mediano o largo plazo, el deterioro mayor de la economía, entre otros factores que, interconectados, explican, más allá de los buenos deseos de todos, la realidad con que Morelos inicia el 2023.
Pero pocos en Morelos parecen entender esa compleja realidad. La mayoría de los críticos del gobierno culpa exclusivamente a la inseguridad de las condiciones críticas en la economía y la generación de empleos; y los pocos proclives al gobierno aseguran, con una impresionante ceguera de gabinete, que las cosas van mejorando paulatinamente y la crisis económica local proviene exclusivamente, de factores externos. Y aunque pudiera concederse la influencia determinante de factores más allá del control de los morelenses, como la pandemia, las normas de asignación de recursos federales a las entidades federativas, la guerra en Ucrania, y cualquiera otro que pudiera sumarse en el futuro cercano; y tendría que reconocerse el papel determinante de la inseguridad en la caída de inversiones y la excesiva cautela de los empresarios para abrir nuevas fuentes de empleo, lo cierto es que hay mucho por hacer en materia económica en el estado para robustecer al sector productivo y lograr que su innegable contribución al sostenimiento económico local, se convierta en la principal herramienta para el desarrollo del estado.
Debe reconocerse que el empresariado en Morelos ha sido el muro de contención para evitar una caída mayor en la economía local. Es normal porque en ello les va la supervivencia. Un replanteamiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico sería determinante en el fortalecimiento del sector productivo. Esa es otra de las graves omisiones de una administración gubernamental a la que sólo quedan dos años para ponerse a trabajar
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