Entre la ignorancia y el uso faccioso de las declaraciones en una atmósfera política caracterizada porque nada ocurre, la entrega de la semana sería la prescripción en el Congreso local de las solicitudes de juicio de procedencia en contra del gobernador, Cuauhtémoc Blanco. La diputada Erika Hernández Gordillo (Redes Sociales Progresistas, plurinominal), parte del grupo de cinco legisladores identificados con el mandatario morelense, asegura que el caso habría caducado en la Junta Política y de Gobierno, órgano que por los conflictos internos del Legislativo se mantiene en una suerte de limbo político.
Hace casi un año, la Fiscalía Anticorrupción del estado presentó tres solicitudes para declarar procedencia por igual número de carpetas penales en contra del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, a quien el órgano persecutor habría indiciado como probable responsable de nueve delitos. La Constitución del estado prevé que “para proceder penalmente en contra de …Gobernador… por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta del total de sus miembros previa audiencia del acusado por sí, por su defensor o por ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. En caso negativo cesará todo procedimiento en contra del servidor público, sin perjuicio de que la acusación continúe cuando éste termine su cargo. En caso afirmativo, quedará suspendida en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los Tribunales comunes, para la instrucción del proceso respectivo”. Y añade: “La responsabilidad que dé origen a Juicio Político sólo podrá exigirse contra el Servidor durante el período de su encargo o dentro de un año después de la terminación del mismo”. Y aunque la ley establece períodos de 30 días desde la recepción de la solicitud para iniciar el procedimiento, el principio de caducidad fue derogado de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos el 19 de junio de 2017.
Otra cuestión es considerar que la Junta Política del Congreso no ha funcionado con una presidencia estable desde diciembre de 2021, cuando fue removida del órgano la entonces presidenta, Paola Cruz. Así que el turno que dio el pleno a la Junta Política para conocer y determinar el sustento de las solicitudes de la Fiscalía Anticorrupción podría considerarse aún no iniciado. En contra del argumento está el que aunque por lapsos breves, el órgano ha sido presidido por Macrina Vallejo y luego por Alejandro Sánchez Ortega, y con ellos al mando se avanzó en trabajos atrasados como documentos de nombramientos.
Es decir, aunque no hubiera tal cosa como la caducidad del procedimiento, la parte demandada, en este caso Cuauhtémoc Blanco, tiene elementos valiosos para elaborar una defensa contra el procedimiento en caso de que el Congreso finalmente decida iniciarlo alguna vez. Pero el hecho de que las solicitudes no hayan sido desechadas, y el que no exista un principio de caducidad, también permitiría a la Fiscalía Anticorrupción volver a solicitar los juicios contra el mandatario.
Por lo pronto, salvo por los dichos de la diputada y el reconocimiento de Eliasib Polanco (PRI, plurinominal) hace casi un mes de que los juicios contra el mandatario están “congelados” en el Legislativo, el Congreso no ha dicho oficialmente nada sobre los procedimientos. Parte porque realmente no hay fecha para retomarlos, pero también porque no parece haber acuerdos sobre lo que ocurriría con el gobierno en caso de determinar la procedencia del proceso penal en contra del mandatario.
Los diputados pueden ser muchas cosas, pero no parecen tan irresponsables como para lanzar al estado al vacío. Antes de resolver sobre la probable del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, deben construirse acuerdos suficientes para garantizar la estabilidad política del estado. Es decir, sin haber definido al sucesor, o por lo menos las reglas para designarlo. Otro factor que puede mantener aletargado el proceso es el insistente rumor de que Cuauhtémoc Blanco estaría preparando una candidatura a cargo de elección popular para el 2024 en la Ciudad de México, en cuyo caso tendría que separarse de la gubernatura meses antes de la elección y casi un año antes de concluir su periodo, frente a lo que poco caso tendría iniciar un procedimiento cuyos efectos resultarían similares a los derivados de la solicitud de licencia definitiva al encargo (pérdida de fuero y vulnerabilidad en caso de persecución por la vía penal).
Por lo pronto, sería conveniente que el Congreso aclarara oficialmente la situación de los tres procedimientos contra el gobernador.
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