En semanas pasadas el CONEVAL publicó sus primeras evaluaciones a los programas que se pusieron en marcha en el actual gobierno. A reserva de tocar este punto con más detalle en otra ocasión, las conclusiones que arrojó la institución nos dan la sensación de una pérdida de tiempo y capacidades institucionales.
No se trata aquí de sostener argumentos políticos ni de defender lo que se realizaba en el pasado, porque tampoco era lo óptimo. De hecho, todos los avances que se tenían apuntaban a una necesaria y urgente reconfiguración de la política social.
¿Qué teníamos antes de la 4T? Los resultados de la política social comenzaba a resquebrajar la idea de la focalización, porque nos habíamos dado cuenta que por más recursos y coordinación institucional, el problema de la pobreza no se estaba resolviendo. Es más, con cada dificultad económica (interna o externa) o ambiental se perdían los avances logrados y las prioridades presupuestales se cambiaban de un momento a otro, dejando pendiente la continuidad de otros proyectos.
Casi al final del sexenio pasado se coincidía en la necesidad de contar con un sistema integral de información que recogiera las distintas fuentes de aplicación de los recursos públicos con impactos sociales en términos de la medición multidimensional de la pobreza; también se pensó en eliminar la duplicidad de apoyos con la conformación del padrón único de beneficiarios y se pensaba incluso, en crear una cédula familiar, que en su primer momento apareció como un estado de cuenta social.
Todo esto no resolvía aún el problema de fondo. Había dificultades para crear un sistema que uniera a todas las partes (programas sociales-dependencias y entidades federativas), pero debo reconocer que había un proceso de construcción, que a la larga podría servir como plataforma para garantizar mejor los derechos.
Con la 4T mucho de eso se perdió. Se reinventó el Estado social a partir de un conjunto de programas sociales en el que los “servidores de la nación” son los principales intermediarios; los municipios y las entidades federativas sólo observan el flujo de recursos sin poder coadyuvar ni complementar. No se conoce la forma como se logra la recuperación de territorios ni los procesos de cohesión social comunitaria, porque todo parece indicar que el éxito se queda en una transferencia.
De continuar así, los programas de transferencias reducirán todo el éxito social a la entregar recursos y a que cada quien resuelva sus problemas con dinero. Vuelve el Estado una instancia de asistencia social, como si los fines del gobierno fueran los de la iglesia o la beneficencia privada que otorga ayudas, despensas o recursos a los más necesitados.
Durante mucho tiempo se ha señalado que lo importante en el proceso de desarrollo social es que la gente se sienta parte aportante del cambio, del progreso y beneficiarios directos del mismo. ¿En qué sentido puede una persona participar en cambios de su comunidad si ya no tiene que salir ni de su casa para saber si su cuenta bancaria tiene recursos? Tampoco necesita salir para gastarlo. ¿Hacia dónde nos llevará este tipo de políticas a la vuelta de 6 años?
¿Qué pasará con los efectos de la crisis cuando no alcancen los recursos para mantener los pagos de los programas sociales? ¿Qué atención tendrán las millones de personas sin empleo o cuyos negocios están destruidos? Podrán solicitar créditos o préstamos, y dispersar recursos sin embargo, ante un contexto económico adverso no parece que pronto mejoren las expectativas del ingreso. Urge discutir los dilemas de la política social en la actualidad.
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