“Los jóvenes son el sentido de la vida, la frescura, el presente, el futuro”. Así se refirió recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes, dijo, se les entregará la estafeta en el relevo generacional y, seguro, confió que “se harán cargo de continuar con la Cuarta Transformación”.
Desde la campaña presidencial expresó su compromiso y la necesidad de apoyar a los jóvenes con oportunidades y darles todas las facilidades para seguir estudiando y “se alejen de tentaciones y riesgos”, además de la muy lamentable deserción escolar.
En las tres administraciones federales pasadas los jóvenes sólo estuvieron en sus discursos. Hace 13 años el gobierno mexicano firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes celebrada en Badajoz, España en el mes de octubre del 2005. Sin embargo, ninguno de los tres mandatarios remitió al Senado de la República la firma de dicho acuerdo para su ratificación y su consecuente reconocimiento; es decir, llevamos más de una década de rezago y de retraso en reconocerles a los jóvenes mexicanos sus derechos civiles, sociales, políticos, educativos y culturales.
Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, que forman parte de la Convención Iberoamericana, no sólo ya reconocieron los convenios de dicho acuerdo, sino que incluso ya cuentan con leyes nacionales de la juventud.
Por ello el pasado jueves presenté una proposición con punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno del Senado de la República, y que previamente tuvo el aval de la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de exhortar al Ejecutivo federal nos remita a la Cámara Alta la firma de la Convención referida y los protocolos establecidos.
Mientras que sus tres antecesores no vieron ni oyeron a los jóvenes, el presidente López Obrador ha lanzado todo un proyecto nacional en favor de estos. Este programa, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, tiene dos ramificaciones: bajo la dirección de la SEP, tienen como propósito beneficiar a 300 mil estudiantes de educación superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios.
La segunda, operada por la STPS, tiene como meta promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan mediante una beca de 3 mil 600 pesos mensuales.
El de hoy, es el momento para aprovechar y encauzar a los jóvenes. Es el momento de hacer valer el bono demográfico de 30.6 millones de muchachos mexicanos porque de lo contrario, como país, estaríamos condenando nuestro futuro al crecimiento de la pobreza extrema de los adultos mayores.
De ahí la importancia y trascendencia de incluir a los jóvenes en el desarrollo social, laboral, económico y cultural del país, pero esto sólo lo vamos a lograr reconociendo, sin cortapisas, sus derechos. La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes será, sin duda, uno de los marcos jurídicos importantes para la creación de la Ley General de la Juventud.
Por esto el día de mañana, en la vieja casona de Xicoténcatl, sede anterior del Senado de la República, daremos paso al Parlamento Abierto donde, desde el seno de la Comisión de la Juventud y Deporte que me honro de encabezar, iniciaremos la ruta crítica para empezar a elaborar la iniciativa de la Ley General de la Juventud en la que habrán de participar organizaciones de jóvenes y estudiosos en la materia.
“La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes se ha convertido en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para los Estados que la han ratificado, así como en un documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud con enfoque de derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.
“De allí su gran aporte al ejercicio de una ciudadanía integral fundamentada en el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derechos y acorde con las distintas realidades socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas de la región”.
Nuestro compromiso como poder legislativo y como sociedad con los jóvenes, es inquebrantable. Ya no podemos excluirlos, ignorarlos y menos limitarlos.
