Los Centros Públicos de Investigación son instituciones del gobierno federal creadas con la finalidad de desarrollar investigación científica, tecnología e innovación en diferentes ámbitos del conocimiento desde las ciencias sociales y humanidades, las ciencias naturales y la ingeniería. Actualmente, existen 26 de ellos distribuidos en casi todas las entidades de la república y constituyen la segunda fuerza de investigación del país, solo después de la UNAM.
Los Centros Públicos de Investigación han sido muy exitosos en su vinculación con la sociedad y eso les permitió generar capital a partir de la oferta de servicios. Por Ley, los recursos autogenerados se depositaban en fideicomisos y se utilizaba para el financiamiento de nuevos proyectos, para equipamiento y para el pago de honorarios a investigadores auxiliares o becas para estudiantes. A finales del año pasado acumulaban entre todos la cantidad de 785 millones de pesos siendo el principal aportante el CIDE, con prácticamente la mitad de los recursos.
La arbitraria e irracional extinción de los fideicomisos en noviembre de 2020 no solamente significó la pérdida de esos recursos, que es importante recalcar no provienen del presupuesto, sino que dejó en la indefensión a los Centros ante la incapacidad de administrar legalmente los ingresos generados a partir de este año.
De acuerdo a la normatividad, la gestión de estos recurso recayó de manera absoluta en los órganos de gobierno ya que es de ellos la facultad de distribución de los recursos autogenerados, lo que atizó la batalla por su control.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología participa en todos y cada unos de los órganos de gobierno de los Centros Públicos de Investigación en su carácter de cabeza de sector pero no los controla ya que muchos de sus integrantes, incluyendo a la persona en la Dirección General, son designados de acuerdo a sus respectivos decretos de creación.
Desde los primeros meses de la presente administración federal se comenzaron a dar los reemplazos de directivos en los Centros Públicos de Investigación, en algunos casos como los de la Dra. Beatriz Xoconoxtle en el CICY y del Dr. Leopoldo Altamirano en el INAOE inclusive se les presionó para su renuncia. En otros casos, se llevaron a cabo sustituciones sin contar con el apoyo total de la comunidad pero sin grandes conflictos, hasta la renuncia del Dr. Sergio López Ayllón como director del CIDE.
El CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica es uno de los Centros Públicos de Investigación más exitosos en su vinculación con la sociedad. Sus egresados se encuentran en posiciones clave y de gran visibilidad en la administración pública y privada, en los medios de comunicación y en la academia y es muy exitoso también en la generación de recursos propios.
La designación de un nuevo director en el CIDE, el Dr. Romero Tellaeche, mediante mecanismos que han sido puestos en duda por los mismo integrantes de su órgano de gobierno, despertó una fuerte respuesta de la comunidad estudiantil del Centro que se ha manifestado de manera recurrente en los últimos días. Para quienes deseen conocerlo, dejamos aquí la liga a su pliego petitorio.
Ante la falta de respuesta a sus demandas, los estudiantes del CIDE convocan a una nueva marcha el día de mañana en la Ciudad de México que tendrá como destino la Cámara de Senadores a quienes les piden su intervención. La Directora del Conacyt emitió una pocas horas después de la convocatoria a la marcha una nueva invitación a la comunidad estudiantil del CIDE a una mesa de diálogo.
Esperamos que se reestablezca el diálogo entre los entes en conflicto, pero más todavía, que se reestablezca el orden legal en la operación de los Centros Públicos de Investigación. Si no se logra, estará en riesgo la estabilidad de la segunda fuerza del país en generación de conocimiento y eso nos perjudica a todos.
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