Tendríamos que cuestionar si quienes mediante el sufragio alcanzan posiciones tanto legislativas como ejecutivas toman decisiones, emprenden reformas y establecen leyes, atienden la voluntad popular, o lo hacen en función de sus intereses de partido o coaliciones.
Democracias en las que existen el referéndum, la consulta popular, el plebiscito o la revocación de mandato tienen mejores oportunidades de poner límites a quienes presuntamente los representan.
Países democráticos en los que no obstante la posible aplicación de estas formas de democracia no existen o son complejas, generalmente apenas disponen de las elecciones intermedias para castigar a aquellos a quienes confirieron su voto, confianza y la autoridad para representarlos.
Hay que decir aún más del propio sistema electoral, sobre todo cuando quienes están a cargo de él son proclives a un gobierno o a determinada fuerza política. En ellos no predomina siquiera la idea primigenia de simplemente convertir los votos en escaños. Ciertamente puede tratarse de elecciones competitivas, pero no necesariamente equitativas ni legítimas.
Hemos enfatizado a través de distintos autores, que la función primigenia de los sistemas electorales es englobar el conjunto de reglas para la competencia intrapartidista y en los comicios para que los votos se conviertan en escaños.
A nuestro juicio, no sólo se debe ir a fondo en la definición de los ordenamientos que dan vida a un sistema electoral, sino a robustecer los mecanismos para su integración, en la designación de aquellos que serán responsables de vigilar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada, para que efectivamente los votos se conviertan en cargos públicos.
Se trata en otras palabras de fortalecer una agenda electoral para la consolidación democrática, con la arquitectura constitucional mexicana que, lo mismo en el rubro administrativo que Judicial han logrado en poco más de tres décadas no sólo convertir votos en cargos públicos, sino hacer de la representación política un ejercicio libre, periódico y auténtico, valores que el partido dominante busca destruir construyendo no una mayoría, sino una hegemonía.
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