Un sello que marcó a los gobiernos neoliberales fue el de la corrupción. En particular, el de Enrique Peña Nieto, que se involucró en un sinnúmero de escándalos, pero no sólo el expresidente está señalado, sino también buena parte de sus colaboradores más cercanos y amigos empresarios.
La “Casa Blanca” fue el tema que marcó su administración. Una investigación periodística en noviembre de 2014 reveló que el inmueble, de unos 7 millones de dólares, fue a cambio de “favores” que le habría hecho el presidente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, contratista del gobierno peñista.
La lista de casos de corrupción es larga: Odebrecht, donde están metidos, los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin; éste último, igual, está metido en la compra, como director de Pemex de una planta Chatarra de fertilizantes (AHMSA) que suma mil 500 millones de dólares.
Los escándalos fueron de diversos tamaños. En agosto de 2016, un trabajo periodístico del sitio Aristeguinoticias.com, reveló que el presidente Enrique Peña Nieto había plagiado al menos un tercio de la tesis con la que obtuvo su licenciatura.
“La nueva cara del PRI”, la de los gobernadores, de los que presumía orgulloso Peña Nieto, contribuyeron de manera importante a los escándalos de corrupción de la administración pasada que generaron un quebranto incalculable al erario. Seguro nadie olvida al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; al prófugo ex de Chihuahua, César Duarte o a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, entre otros tantos.
Lo mismo con la casa de Malinalco -con un valor superior a 500 mil dólares- que obtuvo como agradecimiento el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray por medio de una compra simulada que descubrió después el diario estadunidense The Wall Street Journal.
El inventario es interminable. Los seis años de gobierno los funcionarios y amigos de Peña Nieto se dedicaron a desviar dinero público, a otorgar contratos irregulares; a crear compañías fantasmas. HIGA y OHL se convirtieron en el símbolo de la corrupción del gobierno peñista. Hasta las universidades públicas le entraron al cochupo.
“Operación Zafiro” fue el nombre como se identifica a las acciones corruptas que desde lo más alto del poder se preparó para desviar recursos financieros de las arcas del gobierno de Chihuahua para favorecer al PRI, acto que se supone se repitió desde diversas entidades del país y con el mismo propósito.
Bien, como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción es uno de los mayores problemas de México, representa un menoscabo para el crecimiento económico, dificulta el desarrollo, desestabiliza la democracia y abre la puerta a grupos criminales.
Por ello, su combate constituye un pilar del gobierno, y por lo mismo, resulta imperativo actuar y dar soluciones para fortalecer los principios de rendición de cuentas, integridad y transparencia en el gobierno.
Sin embargo, a pesar de que en julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con la que se creó un comité coordinador que integra diversas instancias que obedece a la investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, tal propósito como está demostrado, fue un artificio, una gran mentira.
Tan sólo hay que recordar que, según Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 28 de 32 países computados; únicamente por arriba de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. En tanto, a nivel internacional, México descendió tres escaños en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, ubicándose en la posición 138 de 180.
Para acabar con este mal endémico, he propuesto mediante una iniciativa que el Sistema Nacional de Fiscalización cuente con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria y siete miembros rotatorios de entre las instituciones antes referidas.
Lamentablemente la corrupción representa un problema sistémico que implica una red de complicidades que envuelven compras, adquisiciones, vicios de legalidad y cuestiones de abuso que entrañan el mal uso de los recursos públicos entre funcionarios del sector público y empresarios. Con tristeza, hay que reconocerlo, esta es nuestra realidad.
