En México existe el INEGI que se encarga de “normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, recopila y hace pública información sobre el país y su población, construye datos que permiten medir aspectos de la realidad.
Un producto del trabajo del INEGI es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. En julio pasado publicó sus datos al segundo trimestre de 2023, la información se agrega a nivel nacional y la tiene específica en el caso de 75 ciudades mexicanas. Es interesante que relaciona la seguridad con los espacios físicos en los que realizamos nuestras actividades diarias, con los conflictos de día a día y con problemática urbana.
La información recopilada nos dice: “62.3 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, 68.6 % de las mujeres y 54.8 % de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad.”
El sentimiento de inseguridad tiene grandes diferencias por ciudad, la gente se siente más insegura en Fresnillo (Zacatecas) 92.8% y menos en San Pedro Garza García (Nuevo León) 13.2%. En Cuernavaca el 77.4% se siente insegura.
Se identifican espacios físicos como lugares inseguros, con perspectiva de género se observa similitud en los sitios, pero con diferencias que permiten exigir a los gobiernos federal, estatales y municipales políticas públicas que mejoren las condiciones de seguridad de la mujer.
La encuesta presenta un dato muy interesante, los “conflictos o enfrentamientos de manera directa por causas de incivilidades en su entorno”, destacan ruido 13%, basura 12% y estacionamiento 11%. Aspectos regulados en la reglamentación municipal.
Tiene un apartado sobre el desempeño gubernamental en las ciudades, destacando la problemática de: Baches 79%, fallas y fugas en el suministro de agua potable 60%, alumbrado público insuficiente 58%, y saturación o deficiencia en servicios hospitalarios 41%. Los municipios y alcaldías pueden identificarla y atenderla.
Sobre el fenómeno de la seguridad hay múltiples enfoques, el uso de la fuerza del Estado, identificado con instituciones como ejército, marina, guardia nacional, policías de entidades federativas, municipios y alcaldías; la ejecución de programas de prevención y de reinserción social; el mejoramiento y fortalecimiento del poder judicial como instancia de aplicación de sanciones y resolución de conflictos; la coordinación entre instituciones públicas y de ellas con la sociedad. Todos caben y aportan, son complementarios.
En la discusión delos presupuestos de los gobiernos para 2024, los datos aportados por el INEGI dejan claro que financiar los cuerpos de seguridad y policiacos no es el único gasto que incide en la seguridad.
Esta información es una herramienta que le permite a los congresos evaluar el gasto para mejorar la seguridad de la población y en su caso orientarlo con perspectiva de género para atender también las problemáticas sociales y urbanas que crean condiciones de inseguridad.
Pero sin duda los programas y acciones en materia de seguridad y su presupuesto deben de tener como motor el respeto a los derechos humanos y la Ley.
El Estado y sus gobiernos tienen que actuar para mejorar la seguridad considerando los espacios físicos de nuestro entorno, los conflictos incivilizados de la vida diaria y la problemática urbana que afecta nuestras comunidades.
Cuernavaca, Morelos a 12 de octubre de 2023.
carlos.riva.palacio.than@hotmail.com
