/ domingo 10 de marzo de 2024

Familiares denuncian traslado ilegal de reclusos de Atlacholoaya

Familiares de reclusos protestan por el traslado de 182 personas sin supervisión de derechos humanos en Morelos

Familiares de Personas Privadas de su Libertad (PPL) se manifestaron este domingo para denunciar que del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya a otros penales del país se realizó de forma ilegal y sin vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHM).

Afuera del Cereso, exigieron una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, ya que las acusaciones de traslados ilegales, actos de corrupción y violación de derechos humanos dentro del penal son evidentes.

“Muchos de estos traslados han sido catalogados por jueces ilegales por no cumplir con la normativa aplicable”, dijo un familiar quien por seguridad tapó por completo su rostro y no reveló su nombre.

Los inconformes, señalan directamente a Jorge Israel Ponce de León Bórquez, coordinador de Reinserción Social de Morelos, por actos de corrupción dentro del penal. Denuncian que le cobran a los familiares para no trasladar a los internos.

Con estas prácticas hay violación de derechos humanos, afirman los familiares, quienes además, dicen ser testigos de las pésimas condiciones en las que viven dentro del penal.

¿Cómo fue el traslado de las personas privadas de su libertad?

Los familiares solicitaron a la Fiscalía General de la República que intervenga en los casos de las 182 personas afectadas injustificadamente por este cambio. El traslado sucedió durante la madrugada del 8 de marzo a diferentes centros federales del país.

En esa ocasión, el gobierno de Cuahutémoc Blanco Bravo, por medio de un boletín informativo, detalló que las PPL, tuvieron que ser reubicadas por la sobrepoblación que hay en el penal.

“os trasladados fueron catalogados de acuerdo al hecho delictivo que cometieron, como resultado de un estudio de evaluación de riesgo

No obstante, en el mismo comunicado precisó que el proceso fue supervisado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), pero esta instancia negó haber participado: “No fue solicitada, por ninguna autoridad estatal, la participación de esta Comisión en operativo alguno, no se tuvo conocimiento en tiempo y forma, por lo tanto, no se acompañó la supervisión de dicho traslado”.



Familiares de Personas Privadas de su Libertad (PPL) se manifestaron este domingo para denunciar que del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya a otros penales del país se realizó de forma ilegal y sin vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHM).

Afuera del Cereso, exigieron una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, ya que las acusaciones de traslados ilegales, actos de corrupción y violación de derechos humanos dentro del penal son evidentes.

“Muchos de estos traslados han sido catalogados por jueces ilegales por no cumplir con la normativa aplicable”, dijo un familiar quien por seguridad tapó por completo su rostro y no reveló su nombre.

Los inconformes, señalan directamente a Jorge Israel Ponce de León Bórquez, coordinador de Reinserción Social de Morelos, por actos de corrupción dentro del penal. Denuncian que le cobran a los familiares para no trasladar a los internos.

Con estas prácticas hay violación de derechos humanos, afirman los familiares, quienes además, dicen ser testigos de las pésimas condiciones en las que viven dentro del penal.

¿Cómo fue el traslado de las personas privadas de su libertad?

Los familiares solicitaron a la Fiscalía General de la República que intervenga en los casos de las 182 personas afectadas injustificadamente por este cambio. El traslado sucedió durante la madrugada del 8 de marzo a diferentes centros federales del país.

En esa ocasión, el gobierno de Cuahutémoc Blanco Bravo, por medio de un boletín informativo, detalló que las PPL, tuvieron que ser reubicadas por la sobrepoblación que hay en el penal.

“os trasladados fueron catalogados de acuerdo al hecho delictivo que cometieron, como resultado de un estudio de evaluación de riesgo

No obstante, en el mismo comunicado precisó que el proceso fue supervisado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), pero esta instancia negó haber participado: “No fue solicitada, por ninguna autoridad estatal, la participación de esta Comisión en operativo alguno, no se tuvo conocimiento en tiempo y forma, por lo tanto, no se acompañó la supervisión de dicho traslado”.



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