El diputado José Casas González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), confirmó que aún existe interés para remover al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, y el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, ya que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) todos los elementos para su destitución.
No obstante, afirmó que el proceso se encuentra suspendido actualmente por órdenes de un juez federal; además de que, dijo, fue el presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien no le dio seguimiento a la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para su remoción por no reunir los requisitos para ocupar el cargo.
Refirió que sigue la disposición del Poder Ejecutivo para destituirlos, sin embargo, a través de la Comisión y del Congreso sí han prescrito algunos términos, ya que los dos fiscales acudieron al amparo de la justicia federal emitiendo unas resoluciones que están en proceso, lo cual impidió que pudiera correr el término de los diez días, llegando la suspensión provisional antes de poder terminar dicho plazo.
Hemos puesto el dedo en la llaga. Obviamente hay que mencionar que faltó voluntad de algunos legisladores en su momento de tener esta decisión
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