A 12 días de que fuera localizado el cuerpo de Evelin en un canal de agua en Santa Inés, autoridades de la Fiscalía General del Estado señalaron que se trabaja para lograr su captura.
En días pasados el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara señaló que se detectó una red de trata de personas que opera en la región oriente, por lo que alertó a no caer en presuntas ofertas de empleo, ya que es la forma en que enganchan a sus víctimas. Dejando así la responsabilidad de la seguridad en la propia gente, y minimizando la obligación del Estado.
El funcionario estatal destacó que se sigue una línea de investigación sobre trata de personas como móvil del asesinato.
"Esté donde esté lo vamos a detener y lo vamos a presentar ante la Justicia. Ésta podría ser una red que pretendía someterla a un tema de fotografías y de videos a través internet. Es lo que se está investigando; pero entiéndanme que no les podemos dar más detalles”, detalló el titular de la Fiscalía General del Estado.
La edad más común de las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos, aseguró el funcionario, es de entre 15 a 20 años y las enganchan a través de redes sociales en donde ofertan espacios laborales muy atractivos, por lo que pidió a las jóvenes y padres de familia tomar medidas preventivas.
De acuerdo con la ley, es el Estado quien está obligado a brindar la seguridad a través de la creación de condiciones que permitan el disfrute de los derechos humanos.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de forma textual:
"La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución".
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