En búsqueda de determinar si el traslado de 182 personas privadas de su libertad fue legal o no, sus familiares protestaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el centro histórico de Cuernavaca. Sin embargo, luego de reunirse con el magistrado presidente, Jorge Gamboa Ola, siguen a la espera de una determinación de los hechos.
“Seguimos sin una respuesta, algunos todavía no tienen comunicación con sus familiares, otros ya lo hemos hecho y pues nos dicen que están bien, que los tratan bien, pero ya hablando entre nosotros se nos hace como si tuvieran un papelito pegado al teléfono en donde tienen indicado qué es lo que nos van a decir”, mencionó una de las manifestantes, quien decidió guardar su identidad.
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Ante esto, agregó que no tienen la certeza de que realmente sus familiares se encuentren en buenas condiciones, aunado a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) no conoció de estos hechos y no dio el acompañamiento, como lo aseguró en su informe el gobierno del estado.
“Desconocemos la situación física de nuestros familiares, por eso estamos aquí, para buscar una respuesta del magistrado presidente respecto a esto”, informó.
¿Cuándo fue el traslado y hacia dónde?
El traslado se realizó la madrugada del viernes 8 de marzo y de acuerdo con los testimonios, fueron llevados a centros penitenciarios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Durango y Sinaloa.
Luego de sostener una reunión con el magistrado presidente, dieron a conocer que hasta el momento la postura de la autoridad es que el traslado fue legal, sin embargo, la denunciante mencionó que ni ellos, ni los abogados, ni los detenidos fueron avisados de esta situación.
Además de señalar que presuntamente les han solicitado entre 25 y 50 pesos a familiares de otras personas que están internadas en otros penales. Esta protesta se sumó a la que realizaron el domingo 10 de marzo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec.
Derechos humanos no tiene información sobre el traslado
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CDHM, Nadxieelii Carranco Lechuga, mencionó que hasta el momento la autoridad penitenciaria les ha negado la información respecto a este traslado.
En entrevista, mencionó que el argumento para negarles tales datos es cuidar la privacidad y seguridad de las personas privadas de su libertad; sin embargo, dijo que de comprobarse que es ilegal habría consecuencias penales y administrativas para quien o quienes resulten responsables.
