Ante la efervescencia postelectoral con protestas, presiones a funcionarios electorales y quema de boletas, el gobierno del estado llamó a la cordura a los grupos de ciudadanos, y a que eviten generar conflictos a los funcionarios electorales que solamente cumplen su función de organizar el proceso.
Se garantizo que se habrán de escuchar todas las voces pero con respecto a la ley, no obstante ante la creciente informidad en varios municipios, hubo que enviar fuerza policiaca como medida preventiva al resguardo de las instalaciones para evitar cualquier alteración del orden.
La CES Morelos anunció un despliegue de 50 elementos para resguardar al personal y las instalaciones con el propósito de dar continuidad al proceso de cómputo. Aunque de Ocuituco, Tepalcingo y Temixco no se informó de nada.
Luego de los acontecido en Tepalcingo con el presidente del consejo municipal de ese lugar y los seguidores de Jesús Corona en Cuautla, por la tarde los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos sesionaron de manera extraordinaria con la titular del Impepac, Mireya Gally Jordá, a fin de evaluar el desarrollo de los cómputos municipales y determinar acciones para garantizar la continuidad del conteo en Cuautla, Ayala , Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Zacatepec.
Al momento se informó que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) ha otorgado 53 atenciones de acompañamiento al Impepac por diversos motivos y ocho al Instituto Nacional Electoral (INE) desde el inicio del proceso electoral.
El gobierno del estado rechazó categóricamente toda acción o provocación de grupos aislados que vulneren el derecho a elegir de las y los morelenses, toda vez que durante la jornada electoral la entidad destacó por la participación por arriba de la media nacional, así como por su orden y civilidad.
Desde el momento en que iniciaron las manifestaciones por inconformidad en los resultados de las votaciones, la CES desplegó un operativo en los municipios antes mencionados para resguardar al personal, así como las instalaciones.
Recalcaron que los actos violentos traen consigo una sanción penal que consta de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión a quien obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.
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