De enero a junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) remitió 200 expedientes por faltas graves cometidas por servidores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), autoridad que tendrá que resolver estos asuntos.
“De acuerdo con el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas, se tiene registrado en el periodo referido que la SFP ha remitido 200 expedientes por faltas graves al TFJA, para la substanciación de los procedimientos disciplinarios correspondientes”, informó la dependencia que encabeza Roberto Salcedo Aquino.
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Desde que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas se otorgó a la SFP la atribución “para investigar y sancionar las faltas administrativas calificadas como no graves”, mientras que las graves deben ser remitidas al TFJA.
Dicha ley establece como falta administrativa grave que los servidores públicos incurran en sobornos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión de servidores públicos, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida, ilícitos contemplados dentro del fenómeno de la corrupción, por lo que les corresponde una investigación y sanción específica.
Por su parte, en cuanto a las faltas administrativas señaladas como no graves, la dependencia informó que en el mismo periodo se han impuesto mil 136 sanciones, que correspondieron a 464 inhabilitaciones, 362 suspensiones, 204 amonestaciones públicas y privadas, 80 destituciones y 26 sanciones económicas con un monto acumulado de 81 millones de pesos.
De manera desagregada señaló que las causas por las que fueron impuestas estas sanciones fueron 586 por negligencia administrativa, 518 por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, 15 por violaciones en los procedimientos de contratación pública, 9 por ejercicio indebido de funciones en materia migratoria y 8 por causas diversas.
“Las sanciones se originaron por 630 quejas y denuncias, 496 por el incumplimiento a la declaración de situación patrimonial y 10 derivadas de auditorías”, informó la dependencia.
En total, el número de personas servidoras públicas sancionadas fue de mil 097, aunque aclaró que es posible que a una persona se le imponga más de una sanción y que las cifras de las sanciones impuestas pueden modificarse en atención a las anotaciones que se hacen en los sistemas, así como por los medios de defensa interpuestos en contra de ellas.
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