El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que hasta el momento, los servidores públicos no pueden promocionar la revocación de mandato porque estarían cayendo en una ilegalidad.
A pesar de que el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto que permite a funcionarios difundir el ejercicio sin que sea considerado propaganda gubernamental, la autoridad electoral advirtió que todavía falta la aprobación en el Senado de la República y en su caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que sea vigente.
Te puede interesar: INE impone multa de más de 680 millones de pesos a partidos políticos
"Vamos a ver en qué acaba esto y seguramente otra vez se va a llevar a tribunales, pero por lo pronto hoy las reglas son claras. Los servidores públicos no pueden promover la revocación de mandato ni utilizar recursos", enfatizó Vianello.
En conferencia de prensa desde Quinta Roo recordó que el reglamento de la difusión del ejercicio de participación directa no lo aprobó el Instituto Nacional Electoral y que fueron los mismos legisladores quienes dieron el revés, pues argumentó, "ellos aprobaron las reglas".
Durante el encuentro con medios dijo que el INE ha detectado la presencia de publicidad y espectaculares que promueven la Revocación de Mandato con la imagen del presiente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y resaltó que la Unidad de Fiscalización ya está investigando el origen de los recursos utilizados en la promoción.
"Detrás de espectaculares, pintas, bardas, hay dinero. Sí se puede usar dinero siempre y cuando el dinero no venga de partidos políticos", dijo.
El día de ayer con 268 votos a favor quedó aprobada en lo general la iniciativa de decreto que permite a funcionarios difundir la revocación de mandato, sin que sea considerada como propaganda gubernamental.
De acuerdo con la iniciativa de proyecto de decreto, se considerará como propaganda al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.
Mientras que según el "albazo" no se constituye como propaganda gubernamental, las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
"Lo que estamos tratando de privilegiar con esto es el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la publicidad oficial que se equipara a la propaganda gubernamental o de comunicación social en nuestro régimen jurídico, debe de privilegiarse y las restricciones que tienen sólo son en el sentido de cuando se utilicen recursos públicos", dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Sin embargo a pesar de su aprobación, falta que dicha propuesta sea avalada por la Cámara alta.
.png "Obispo-Chilpancingo-desaparición (2).png")
