A la sociedad civil, especialistas y juristas del país les preocupa las repercusiones que tendrá la austeridad que plantea Andrés Manuel López Obrador para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados.
Según el documento Proyecto de Nación que López Obrador presentó antes de iniciar su campaña, y que alberga sus compromisos, para lograr un ahorro sustancial es necesario desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y crear una tercera sala al interior de la Suprema Corte, encargada de revisar los exámenes de oposición para la obtención de las plazas de jueces y magistrados federales, entre otras tareas administrativas.
Además, plantea enviar una iniciativa de reforma para cambiar el método de selección de los ministros de la Corte mediante el voto popular.
“La magnitud de los presupuestos asignados, en términos de una austeridad republicana, y la importancia de la tarea jurisdiccional, ameritan una revisión a esas estructuras institucionales”, así establece el documento.
Según el Presupuesto de Egresos de 2018, el Poder Judicial de la Federación obtuvo 71 mil 366 millones de pesos para su operación, cinco mil 635 millones fueron para la Corte y 61 mil 838 millones, al Consejo de la Judicatura.
Para Javier Cruz Angulo, especialista en temas de justicia, la posible desaparición del CJF es incorrecta, ya que “si le cortas la cabeza administrativa al Consejo de la Judicatura Federal, se va a generar desorden en la disciplina de los jueces, en la carrera civil y en la administración de los juzgados con riesgo de lesiones y fracturas en estos tres temas”.
En este sentido, Ana Pecova, directora ejecutiva de la organización "Equis Justicia para las mujeres", señaló que habrá que tener cuidado en las herramientas y mecanismos de rendición que requiere un sistema democrático, ya que los costos administrativos son muy elevados y habrá que valorar cuánto cuesta la justicia en México, al ser un costo que no solo afecta al Poder Judicial sino a los mismos ciudadanos.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, comentó que “no solo es cambiarle el nombre”, si no contrarrestar las deficiencias que presenta el Consejo en su funcionamiento.
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