/ lunes 4 de mayo de 2020

Segob llama a no usar derecho penal para frenar Covid-19

Alejandro Encinas destacó que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus

La Secretaria de Gobernación, hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria, como establece la Guía en Derechos Humanos para las Medidas Covid-19 publicada por la dependencia a su cargo.

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus, sin embargo, no se puede imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, ya que es una medida desproporcional que podría llegar a ser declarada inconstitucional por las autoridades competentes.

Encinas Rodríguez, destaco que el derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras medidas menos lasivas no funcionen para lograr el objetivo planteado.

Ello, luego que el pasado 29 de abril, el Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal local que contempla delitos nuevos y endurece existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del coronavirus.

Los congresistas aprobaron de cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta y de tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria".

Mientras que a la persona que se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, tres a cinco años de prisión y la pena subirá hasta por una mitad más si se trata de autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil.

Foto: Cortesía Gobierno

Aún más, la agravante al tipo penal de provocación a cometer un delito o apología al delito será de tres a seis años de prisión a aquellas personas que promuevan o convoquen públicamente a realizar saqueos, robos y actos similares. La reforma contempla la misma pena para las personas que participen en estos hechos.


Ante esto, Encinas informó que, además, la reforma prevé el aumento de penas y la adición de otros delitos no relacionados con el combate a la pandemia, por lo que preocupa el artículo 289 que prevé dos a cinco años de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la agravante de cuatro a seis años si participan varias personas.

Foto: Cortesía Gobierno

Es por ello, que sostuvo que la suma de estos delitos, redactados de forma poco clara y amplia, violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica.

“Asimismo, no son proporcionales, al usar de forma desmedida sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas, como las administrativas en contra de establecimientos, o incentivos positivos que regulen la conducta humana”.

El subsecretario argumentó que el aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero lesiona el tejido social, satura las prisiones, implican un gasto alto para el erario y tiene efectos trascendentales sobre los familiares y dependientes de las personas condenadas.

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny


La Secretaria de Gobernación, hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria, como establece la Guía en Derechos Humanos para las Medidas Covid-19 publicada por la dependencia a su cargo.

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus, sin embargo, no se puede imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, ya que es una medida desproporcional que podría llegar a ser declarada inconstitucional por las autoridades competentes.

Encinas Rodríguez, destaco que el derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras medidas menos lasivas no funcionen para lograr el objetivo planteado.

Ello, luego que el pasado 29 de abril, el Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal local que contempla delitos nuevos y endurece existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del coronavirus.

Los congresistas aprobaron de cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta y de tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria".

Mientras que a la persona que se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, tres a cinco años de prisión y la pena subirá hasta por una mitad más si se trata de autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil.

Foto: Cortesía Gobierno

Aún más, la agravante al tipo penal de provocación a cometer un delito o apología al delito será de tres a seis años de prisión a aquellas personas que promuevan o convoquen públicamente a realizar saqueos, robos y actos similares. La reforma contempla la misma pena para las personas que participen en estos hechos.


Ante esto, Encinas informó que, además, la reforma prevé el aumento de penas y la adición de otros delitos no relacionados con el combate a la pandemia, por lo que preocupa el artículo 289 que prevé dos a cinco años de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la agravante de cuatro a seis años si participan varias personas.

Foto: Cortesía Gobierno

Es por ello, que sostuvo que la suma de estos delitos, redactados de forma poco clara y amplia, violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica.

“Asimismo, no son proporcionales, al usar de forma desmedida sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas, como las administrativas en contra de establecimientos, o incentivos positivos que regulen la conducta humana”.

El subsecretario argumentó que el aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero lesiona el tejido social, satura las prisiones, implican un gasto alto para el erario y tiene efectos trascendentales sobre los familiares y dependientes de las personas condenadas.

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny


Local

En Morelos así será el regreso de los estudiantes a las aulas

El titular del IEBEM dejó en claro que se tomarán las acciones necesarias para que ningún alumno repruebe el ciclo escolar

Local

Ante casos confirmados de Covid-19 sanitizan Ciudad Chapultepec

La medida es auxiliar, pero no sustituye el lavado de manos frecuente, el estornudo de etiqueta, la sana distancia y el resguardo en casa, advierte Salud

Local

[DIVERSIA] LGBT+, víctimas de violencia letal

Cada tercer día es asesinada una persona de la comunidad a nivel nacional; en 2019 se registraron 117 homicidios, la cifra más alta de los últimos cinco años

Local

No es momento de bajar la guardia: Antonio Villalobos

En su mensaje durante la sesión del CMCC-19, anunció que propondrá al cabildo colocar una placa de agradecimiento en el centro de la ciudad, dedicada al personal de salud, como un acto de memoria a su heroísmo

Sociedad

Renuncia Raúl Vera, obispo de la Diócesis de Saltillo

Fray Raúl Vera López, dio a conocer que ya envió la carta de renuncia al Vaticano

Local

La organización de elecciones ante el Covid-19

En el ámbito internacional, elecciones a celebrarse este año se han pospuesto hasta que existan condiciones favorables sin poner en riesgo la salud y bienestar de las y los participantes

Local

Falta voluntad para avanzar en armonización en violencia política de género

Ocho diputadas exhortan a los legisladores a cumplir con su responsabilidad

Sociedad

Cruz Roja pide a México manejo digno de fallecidos por Covid-19

El Comité Internacional de la Cruz Roja pidió un manejo digno de los cuerpos y la protección a las familias de los fallecidos

Política

Se reúnen gobernadores con Sánchez Cordero

La titular de Gobernación pido a los gobernadores trabajar en conjunto y llegar a acuerdos para que las actividades económicas se reanuden lo antes posible