La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con la destitución del cargo e inhabilitación por 10 años a un servidor público de Pemex, quien es el primer empleado relacionado con el caso Odebrecht, además se le impuso una sanción económica superior a los 119 millones de pesos,
La titular de la SFP, Arely Gómez, señaló que México, a través de la dependencia es el único país en América Latina que hasta el momento ha inhabilitado a Odebrecht para concursar en futuras contrataciones públicas.
Consideró que cuatro años de inhabilitación a esa firma tienen un impacto importante en las finanzas de cualquier empresa, y está determinación fue dada a conocer en días pasados por la SFP.
Sin embargo, es importante reiterar que ésta es sólo la primera resolución emitida dentro de una investigación que dio lugar al inicio de ocho procedimientos sancionatorios de carácter administrativo.
De los ocho procedimientos, en tres de ellos, el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva para que la SFP no emita resoluciones correspondientes, lo cual fue impugnado por la propia Secretaría en defensa de los intereses del Estado Mexicano.
Añadió que seguirán trabajando e informando para continuar abriendo canales de comunicación más claros entre gobierno y sociedad, que permitan dar a conocer los resultados de las acciones que la dependencia lleva a cabo.
Recordó que hace alrededor de un año dieron inicio en reacción inmediata, las investigaciones conducentes y una auditoría transversal al día siguiente que se tuvo conocimiento de los hechos.
Añadió que el tema se ha dado a conocer con absoluto respeto a los principios constitucionales y reglas procesales, los resultados de las auditorías y expedientes de investigación iniciados, así como el estatus legal de aquellos que siguen en trámite.
Por su parte, el coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, explicó que el servidor público de Pemex sancionado tuvo alguna responsabilidad en la ejecución o en los pagos relativos a uno de los contratos llamado Tula 1 de la refinería de Hidalgo.
Dejó claro que la SFP no tiene que ver con la investigación del tema del soborno, porque carece de facultades para solicitar información de cuentas bancarias ni de acceder a declaraciones juradas, toda vez que es un tema del Ministerio Público y la PGR es la única institución que tiene la representación en el extranjero para actuar.
Explicó que como resultado de la investigación aperturada el 22 de diciembre del año pasado en el caso Odebrecht, la SFP ha iniciado hasta este momento ocho procedimientos administrativos: cuatro contra la empresa constructora y sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de Pemex.
Abundó que de estos ocho expedientes, tres están suspendidos por amparo; dos recayeron en inhabilitaciones a la empresa, a servidor público y la multa de 119 millones de pesos; y tres procedimientos administrativos están pendientes de resolver, uno contra la empresa, otro contra representantes legales y uno contra un servidor público.
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