/ miércoles 4 de noviembre de 2020

Se normaliza violencia Política de género: INE

Urgente ir de la mano sociedad e instituciones para garantizar acceso de mujeres a candidaturas

Rumbo a los comicios electorales que se darán en junio de 2021 en Morelos la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Liliana Díaz de León Zapata, dijo que uno de los grandes retos y por los que se tiene un gran compromiso desde las instituciones es garantizar a las mujeres un proceso libre de violencia política de género, derecho del cual deberá hacer valer tanto partidos como los órganos encargados.

En entrevista con el director del Periódico El Sol de Cuernavaca y el Sol de Cuautla, Daniel Martínez Castellanos, la titular del INE Morelos describió la reforma electoral como la herramienta idónea que viene a complementaria el trabajo rumbo a la erradicación la violencia política contra las mujeres , ya que no se tenía una Ley permitiendo que fuera a libre albedrio de los funcionarios encargados del proceso electoral garantizarla o no.

“Lo que el INE hizo antes fue elaborar un protocolo, establecer un concepto porque no había nada en la Ley, ahora con la reforma impulsada por legisladoras es como salió adelante y esto impulsa a que todas las instituciones estemos obligadas para tomar las medidas necesarias, lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la reforma como fue, pero tiene que prevalecer el compromiso de las instituciones ”.

La reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril de 2020 trajo como consecuencia la reforma a 8 leyes federales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 20 Ter contempla expresiones como “Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos…”, entre otras.

Ante la normalización de la violencia política de género se encuentran otros grandes retos en los que deben participar no sólo las instituciones, sino también los medios de información y las mujers aspirantes a alguna candidatura quienes también por sí mismas deberán hacer valer sus derechos.

“Lo más importante es sensibilizar. Si no damos a conocer la Ley la gente no estarán enterada, no conocen el contenido de la reforma, no saben que tienen derechos que pueden hacer valer; es importante dar a conocer, capacitar a las mujeres, decirles estas son las reformas, conócelas, hazlas valer”.

La normalización de la violencia hacia la mujer se ha normalizado tanto, no únicamente en el ámbito político-electoral, sino en la vida cotidiana que incluso son ellas mismas las que suprimen la batalla para hacer valer sus derechos.

“Se piensa que ya se normalizó, que siempre ha pasado por qué yo tengo que alzar la voz, qué está mal si veo que siempre se ha hecho así; deben saber también a que instancias acudir, las victimas en general no saben a dónde acudir porque no nos damos cuenta de las situaciones que se han vivido como normales”.

El caso más reciente de violencia política fue en la diputada Xochiquetzal Salazar, que después en largo litigio contra un medio de información logró que se determinara que sí hubo violencia política.

Rumbo a los comicios electorales que se darán en junio de 2021 en Morelos la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Liliana Díaz de León Zapata, dijo que uno de los grandes retos y por los que se tiene un gran compromiso desde las instituciones es garantizar a las mujeres un proceso libre de violencia política de género, derecho del cual deberá hacer valer tanto partidos como los órganos encargados.

En entrevista con el director del Periódico El Sol de Cuernavaca y el Sol de Cuautla, Daniel Martínez Castellanos, la titular del INE Morelos describió la reforma electoral como la herramienta idónea que viene a complementaria el trabajo rumbo a la erradicación la violencia política contra las mujeres , ya que no se tenía una Ley permitiendo que fuera a libre albedrio de los funcionarios encargados del proceso electoral garantizarla o no.

“Lo que el INE hizo antes fue elaborar un protocolo, establecer un concepto porque no había nada en la Ley, ahora con la reforma impulsada por legisladoras es como salió adelante y esto impulsa a que todas las instituciones estemos obligadas para tomar las medidas necesarias, lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la reforma como fue, pero tiene que prevalecer el compromiso de las instituciones ”.

La reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril de 2020 trajo como consecuencia la reforma a 8 leyes federales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 20 Ter contempla expresiones como “Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos…”, entre otras.

Ante la normalización de la violencia política de género se encuentran otros grandes retos en los que deben participar no sólo las instituciones, sino también los medios de información y las mujers aspirantes a alguna candidatura quienes también por sí mismas deberán hacer valer sus derechos.

“Lo más importante es sensibilizar. Si no damos a conocer la Ley la gente no estarán enterada, no conocen el contenido de la reforma, no saben que tienen derechos que pueden hacer valer; es importante dar a conocer, capacitar a las mujeres, decirles estas son las reformas, conócelas, hazlas valer”.

La normalización de la violencia hacia la mujer se ha normalizado tanto, no únicamente en el ámbito político-electoral, sino en la vida cotidiana que incluso son ellas mismas las que suprimen la batalla para hacer valer sus derechos.

“Se piensa que ya se normalizó, que siempre ha pasado por qué yo tengo que alzar la voz, qué está mal si veo que siempre se ha hecho así; deben saber también a que instancias acudir, las victimas en general no saben a dónde acudir porque no nos damos cuenta de las situaciones que se han vivido como normales”.

El caso más reciente de violencia política fue en la diputada Xochiquetzal Salazar, que después en largo litigio contra un medio de información logró que se determinara que sí hubo violencia política.

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